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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva dirigida a penalizar a las llamadas “ciudades santuario” aquellas que se niegan a colaborar con los agentes de migración federales instruyendo a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a identificar estas jurisdicciones y emprender acciones legales en su contra.

Entre las medidas contempladas, destaca el posible congelamiento de fondos federales destinados a estas localidades. Trump calificó la falta de cooperación como una “insurrección ilegal”, y sostuvo que su Gobierno utilizará todos los recursos legales para forzar la aplicación de las leyes migratorias en todo el país.

La orden ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles y gobiernos locales, que argumentan que las políticas de “santuario” fomentan la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades migrantes, al permitir que las personas denuncien delitos sin temor a ser deportadas.

En paralelo, Trump firmó otra orden ejecutiva para fortalecer a las fuerzas del orden público, instando al Gobierno a brindarles apoyo legal frente a acusaciones de abuso, reducir restricciones a sus acciones y facilitar el acceso a equipamiento militar. Esta medida forma parte de su política de mano dura tanto en inmigración como en seguridad pública.

Desde el inicio de su mandato, la administración Trump ha promovido acuerdos entre gobiernos locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para que agentes policiales asuman funciones migratorias. Hasta la fecha, se han firmado más de 456 convenios de este tipo.

Estas órdenes ejecutivas representan un nuevo endurecimiento de la agenda antiinmigrante del Gobierno de Trump, en un contexto de polarización nacional y creciente tensión entre las autoridades federales y los gobiernos estatales y municipales que rechazan colaborar con la política migratoria federal.