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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miercoles la imposición de un «bloqueo total y completo» a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, en una nueva escalada de presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. La medida se dio a conocer a través de la cuenta oficial de Trump en Truth Social, donde afirmó que Venezuela se encuentra «rodeada» por «la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica».

La orden presidencial se da tras semanas de operaciones militares estadounidenses en aguas internacionales del Caribe, dirigidas inicialmente contra embarcaciones ligadas al narcotráfico. La semana pasada, el Comando Sur incautó el petrolero Skipper, sancionado desde 2022 por Washington y vinculado a una supuesta «flota sombra» de transporte de crudo venezolano. El buque fue trasladado a un puerto estadounidense para iniciar un proceso de decomiso de su carga.

Trump justificó la medida señalando que el régimen de Maduro estaría utilizando recursos petroleros para financiar «narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros», y enfatizó que la presión se mantendrá hasta que se devuelvan los activos que, según él, fueron «robados previamente» a Estados Unidos.

Aunque no se ha precisado cuántos petroleros serán afectados por el bloqueo total, la medida ha generado incertidumbre sobre el futuro de la industria petrolera venezolana y la continuidad de los embarques de crudo desde el país sudamericano.

Caracas calificó la acción como un acto de «piratería», mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del Skipper como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas. Analistas señalan que la medida podría intensificar la tensión diplomática entre Washington y Caracas, al tiempo que amenaza con nuevas incautaciones de embarcaciones sancionadas en la región del Caribe y el Pacífico oriental.

La escalada se produce en un momento de aumento de la presencia militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela y refuerza la presión económica sobre el gobierno de Maduro, que ya enfrenta restricciones en su sector petrolero y caída en los ingresos derivados de exportaciones de crudo.