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La petición busca que el máximo tribunal permita avanzar con una orden ejecutiva que establece cambios en los procedimientos para la emisión y recepción de boletas enviadas por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2026.
28 de julio de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema autorizar la aplicación de nuevas restricciones al voto por correo, una medida impulsada por su administración que permanece bloqueada por tribunales inferiores y que ha generado un intenso debate sobre las competencias del Gobierno federal en materia electoral.
La petición busca que el máximo tribunal permita avanzar con una orden ejecutiva que establece cambios en los procedimientos para la emisión y recepción de boletas enviadas por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2026.
El voto por correo se ha convertido en uno de los temas más controvertidos del sistema electoral estadounidense en los últimos años. Mientras sectores republicanos han pedido mayores controles bajo el argumento de proteger la integridad de las elecciones, organizaciones demócratas y grupos defensores del derecho al voto sostienen que algunas restricciones podrían dificultar la participación de ciertos sectores de la población.
La disputa legal surge a raíz de una orden ejecutiva emitida por Trump que plantea nuevas medidas federales sobre la verificación de votantes y el manejo de las boletas electorales enviadas por correo. Diversos estados demandaron la iniciativa al considerar que invade atribuciones que históricamente corresponden a los gobiernos estatales.
El Departamento de Justicia presentó ante la Corte Suprema una solicitud de emergencia para permitir que la administración pueda aplicar las disposiciones mientras continúan los procesos judiciales. La petición fue presentada después de que tribunales inferiores mantuvieran bloqueada la medida en varios estados.
La administración Trump sostiene que las nuevas reglas buscan fortalecer los controles electorales y garantizar que las boletas sean enviadas únicamente a personas que cumplan con los requisitos establecidos. Entre las disposiciones planteadas se incluyen mecanismos federales de verificación de elegibilidad y cambios en la distribución de papeletas por correo.
Los estados que impugnaron la orden argumentan que la regulación electoral es una responsabilidad compartida principalmente con las autoridades estatales y que la intervención federal podría generar confusión administrativa antes de los próximos comicios.
La controversia llegó al máximo tribunal luego de que una jueza federal bloqueara inicialmente la aplicación de la medida en 23 estados y el Distrito de Columbia. Posteriormente, una corte de apelaciones mantuvo la suspensión, dejando en manos de la Corte Suprema la posibilidad de revisar el caso.
El debate ocurre a pocos meses de las elecciones de medio término, donde estarán en juego importantes cargos legislativos. Por ello, cualquier decisión judicial podría tener consecuencias en la organización de los comicios y en las reglas que utilizarán millones de votantes.