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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que busca dar a estados y municipios mayor autoridad para retirar a personas sin hogar de las calles y trasladarlas a centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento explícito. Esta medida representa un cambio en la estrategia federal para abordar la crisis de las personas en situación de calle, enfocándose principalmente en la seguridad pública y el control del espacio urbano.

La orden instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a impulsar acciones legales para eliminar precedentes judiciales y acuerdos que limitan la capacidad de los gobiernos locales para reubicar a las personas sin hogar que residen en campamentos o espacios públicos. Además, se les autoriza a facilitar el internamiento civil y tratamiento adecuado de quienes padecen enfermedades mentales y representan un riesgo para sí mismos o para la comunidad.

Según el documento titulado “Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles estadounidenses”, el traslado a instituciones de larga estancia permitirá “restablecer el orden público” y ofrecer “trato humano” a los afectados. Asimismo, los departamentos de Justicia, Salud, Vivienda y Transporte deberán priorizar fondos federales para apoyar a las localidades que apliquen prohibiciones sobre consumo de drogas, acampadas y merodeo en espacios públicos.

La medida también establece la creación de un registro federal con datos sobre personas sin hogar y con discapacidades mentales, una iniciativa que ha generado críticas por parte de grupos defensores de derechos civiles, quienes alertan sobre riesgos de vigilancia excesiva y mayor criminalización de grupos vulnerables.

Scout Katovich, representante legal del Centro Trone para la Justicia y la Igualdad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), calificó la orden como un “desprecio” hacia los derechos y dignidad de estas personas. La abogada advirtió que el internamiento forzado no solo es ineficaz para solucionar la falta de vivienda, sino que puede ser peligroso y contraproducente.

Katovich también recordó que esta política se enmarca en una serie de acciones del gobierno Trump que afectan negativamente a la población más desfavorecida, como los recortes al programa Medicaid, fundamental para servicios de salud mental y adicciones.

Esta orden sigue a otra emitida en marzo, que ordenaba la remoción de campamentos y grafitis en tierras federales, en medio de cifras oficiales que reportan un récord histórico de 274,224 personas sin hogar en una sola noche durante 2024, según datos de la Casa Blanca.

La polémica medida divide opiniones entre quienes apoyan un enfoque más estricto para recuperar espacios públicos y quienes defienden un trato más humano y respetuoso hacia las personas en situación de calle.