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La administración de Donald Trump despidió este viernes a casi toda la rama de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), eliminando prácticamente sus funciones en materia de supervisión de inmigración y derechos civiles. La decisión afecta a más de un centenar de empleados, quienes tienen 60 días para reubicarse dentro del gobierno antes de ser despedidos en mayo, según reportó The New York Times.

Las oficinas afectadas incluyen la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo para Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Estas entidades, que contaban con alrededor de 300 empleados, supervisaban las condiciones de detención de inmigrantes, la protección de menores migrantes y los retrasos en los trámites de residencia y ciudadanía.

Desde el DHS, la portavoz Tricia McLaughlin justificó la medida argumentando que estas oficinas "han obstaculizado la aplicación de la ley migratoria al añadir trabas burocráticas y socavar la misión del DHS". Aseguró que la administración sigue comprometida con la protección de los derechos civiles, pero que busca "optimizar la supervisión para eliminar obstáculos".

Críticos de la medida advierten que el despido masivo representa un duro golpe para la protección de los derechos de los inmigrantes y la rendición de cuentas dentro de la agencia. Defensores de derechos humanos temen que la eliminación de estos mecanismos de vigilancia interna facilite abusos en la aplicación de políticas migratorias más restrictivas.

Este movimiento es parte de los esfuerzos de la administración Trump por reducir la supervisión de las agencias de inmigración, reforzando su enfoque en el control fronterizo y la deportación.