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La administración del presidente estadounidense Donald Trump presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, California, por sus políticas migratorias de “ciudad santuario”, argumentando que estas normas interfieren con la aplicación de las leyes federales de inmigración.

La demanda, presentada en el Distrito Central de California, nombra como acusados a la alcaldesa demócrata Karen Bass, al concejo municipal y al presidente del concejo, Marqueece Harris-Dawson. El documento señala que la ciudad, tras la victoria electoral de Trump, inició un proceso para convertir en ley sus políticas de protección a inmigrantes, en particular mediante la ordenanza ‘Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement’, firmada por Bass en diciembre de 2024.

Esta ordenanza limita el uso de recursos municipales para operativos migratorios federales, lo que según la demanda, busca obstaculizar la aplicación de la ley federal de inmigración. El fiscal federal Bill Essayli, responsable del caso, declaró que dicha política “ilegal y discriminatoria” ha contribuido a un ambiente “anárquico e inseguro” que la demanda pretende erradicar.

Entre los puntos que se acusan están:

La prohibición de colaborar con autoridades federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La discriminación hacia el gobierno federal y la negación de acceso a recursos a estas autoridades.

Fomento de actos de resistencia y disturbios contra operativos migratorios, incluyendo violencia contra agentes federales.

Esta acción legal ocurre en medio de una escalada en operativos migratorios en California, tras semanas de protestas contra la presencia de ICE en Los Ángeles. En respuesta, Trump envió 4,000 soldados de la Guardia Nacional de California, una medida sin precedentes en 60 años y sin la autorización del gobernador estatal.

Aunque Los Ángeles se declaró oficialmente ciudad santuario hace meses, su Policía mantiene desde hace casi 50 años una Orden Especial que impide a los oficiales iniciar contacto con personas únicamente para determinar su estatus migratorio, reforzando así la política de protección a inmigrantes en su jurisdicción.

La demanda es parte de la estrategia federal para desafiar y limitar las políticas locales que protegen a inmigrantes indocumentados, un tema central y divisivo en la agenda migratoria del gobierno Trump.