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El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, otorgó un plazo de 72 horas a la Universidad de Harvard para que entregue información sobre actividades «violentas» y protestas en las que hayan participado sus estudiantes, si desea recuperar su certificación para matricular alumnos extranjeros.

Esta medida forma parte de una campaña del Gobierno Trump para controlar y supervisar más estrictamente la presencia y actividades de estudiantes extranjeros en las universidades estadounidenses, enfocándose en las protestas estudiantiles y acusaciones de antisemitismo.

La tensión con universidades prestigiosas refleja un choque entre la Administración y sectores académicos que consideran estas acciones como un intento de censura y limitación de la libertad de expresión y diversidad ideológica.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, envió una carta a la institución exigiendo que facilite videos, imágenes o audios relacionados con protestas y actos «ilegales» y «violentos» ocurridos en los últimos cinco años dentro o fuera del campus, en los que hayan participado alumnos con visas J1 y F.

Noem enfatizó que esta medida es un mensaje claro para Harvard y otras universidades sobre la intención de la Administración Trump de hacer cumplir la ley y erradicar el antisemitismo y el antiamericanismo en la sociedad y los campus universitarios.

El DHS anunció además que Harvard ya no puede matricular estudiantes extranjeros y que los actuales deberán transferirse para no perder su estatus legal. La decisión se basa en alegatos de que la universidad permitió que «agitadores antiestadounidenses y proterroristas» acosaran y agredieran físicamente a personas, incluyendo a muchos alumnos judíos.

Esta acción intensifica la confrontación entre el Gobierno y Harvard, que en abril interpuso una demanda contra la Administración republicana para recuperar su financiación federal, congelada debido a supuestas conductas antisemitas.

Harvard, junto con otras universidades como Columbia y Princeton, han visto amenazada su financiación debido a informes del ‘Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo’, creado por Trump, que acusa a estas instituciones de aplicar políticas de discriminación positiva o de no promover la «diversidad de ideas» que el Gobierno exige.

Las acusaciones de antisemitismo se vinculan principalmente a protestas propalestinas que tuvieron lugar el año anterior en la Universidad de Columbia y que se extendieron a otros campus en Estados Unidos.