Malestar económico desafía las aspiraciones de Lula
EEUU proyecta cumbre económica con El Salvador
Muere exfiscal federal de Estados Unidos en San Diego
Tribunal peruano anula proceso contra Ollanta Humala
Ollanta Humala gobernó Perú entre 2011 y 2016 y, tras dejar el poder, fue investigado junto a su esposa por presuntos aportes ilícitos recibidos durante las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano.
31 de julio de 2026
El Tribunal Constitucional de Perú dejó sin efecto el proceso judicial contra el expresidente Ollanta Humala y ordenó su salida del centro penitenciario donde permanecía recluido, luego de resolver un recurso presentado por su defensa. La decisión modifica el escenario legal del exmandatario, quien enfrentaba una condena relacionada con el caso de presuntos aportes irregulares a su campaña política.
La resolución del máximo organismo constitucional peruano abre una nueva etapa en el expediente que involucraba a Humala y a su esposa, Nadine Heredia. La defensa había cuestionado aspectos del proceso judicial y solicitó la revisión de las medidas adoptadas en contra del exgobernante.
Ollanta Humala gobernó Perú entre 2011 y 2016 y, tras dejar el poder, fue investigado junto a su esposa por presuntos aportes ilícitos recibidos durante las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano. El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales más relevantes contra un expresidente peruano en los últimos años.
El expediente estuvo relacionado con acusaciones por lavado de activos, debido a la supuesta recepción de fondos de origen irregular para actividades políticas. Durante el proceso, la justicia peruana había impuesto medidas restrictivas contra Humala mientras avanzaban las investigaciones y posteriormente el juicio correspondiente.
Con la decisión del Tribunal Constitucional, la situación jurídica del exmandatario cambia de manera significativa, al quedar anuladas las disposiciones que mantenían vigente el proceso en su contra. La defensa de Humala sostiene que existieron vulneraciones a sus derechos fundamentales durante el desarrollo del caso.
El fallo generó reacciones divididas en Perú, donde sectores políticos y ciudadanos mantienen posiciones encontradas sobre el papel del Tribunal Constitucional en la revisión de procesos judiciales que involucran a exautoridades.
Los críticos de la resolución consideran que este tipo de decisiones pueden afectar la lucha contra la corrupción, mientras que sus simpatizantes señalan que representa una corrección frente a un proceso que, según su postura, no habría respetado plenamente las garantías legales del expresidente.
La decisión ocurre en un contexto de alta atención sobre los casos judiciales que involucran a antiguos gobernantes peruanos. En los últimos años, varios expresidentes del país han enfrentado investigaciones, condenas o procesos relacionados con presuntos actos de corrupción.
El fallo del Tribunal Constitucional no solo impacta la situación personal de Ollanta Humala, sino que también reabre el debate nacional sobre los límites entre la persecución penal, la defensa de los derechos constitucionales y la responsabilidad de quienes han ocupado cargos de poder.