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La orden, emitida por la oficina anticorrupción, sigue en vigor mientras se debate la destitución del mandatario por presunta insurrección.

Un tribunal del Distrito Oeste de Seúl desestimó este domingo la solicitud del equipo legal del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, para invalidar la orden de arresto en su contra por la fallida declaración de la ley marcial en diciembre pasado. El caso sigue generando tensiones políticas y legales en Corea del Sur.

El equipo legal de Yoon argumentó que la orden de arresto, emitida por la oficina anticorrupción, es inválida porque este organismo no tiene autoridad para procesar delitos de insurrección, según la legislación surcoreana. Este delito, considerado extremadamente grave, es el único por el que un presidente en ejercicio puede ser arrestado, debido a su inmunidad constitucional.

Sin embargo, el tribunal rechazó la petición sin revelar los fundamentos de su fallo. Con esta decisión, la orden de arresto permanece activa hasta su vencimiento, programada para el lunes, a menos que las autoridades logren ejecutarla antes de ese plazo.

La orden fue emitida después de que Yoon ignorara tres citaciones para declarar. El martes pasado, la oficina anticorrupción obtuvo la autorización judicial para detenerlo, pero el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) bloqueó el ingreso de los investigadores a la residencia del mandatario en Seúl. El enfrentamiento entre las partes generó escenas de tensión que captaron la atención pública.

Si Yoon es arrestado antes de que expire la orden, los investigadores dispondrán de 48 horas para interrogarlo y podrían solicitar una extensión de su detención. Además, se le ha prohibido salir del país mientras se enfrenta el proceso.

El presidente fue destituido temporalmente por el Parlamento el pasado 14 de diciembre, en medio de acusación de intentar declarar la ley marcial para consolidar su poder. Esta medida fue percibida por muchos como un intento de reprimir las protestas que exigían su renuncia. Ahora, el Tribunal Constitucional tiene hasta junio para decidir si lo restituye en el cargo o confirma su destitución definitiva.

En Corea del Sur, los líderes de movimientos de insurrección enfrentan penas que van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte. No obstante, el país mantiene una moratoria sobre las ejecuciones desde hace casi cuatro décadas.

La situación de Yoon Suk-yeol ha profundizado la polarización política en Corea del Sur, donde sus seguidores denuncian persecución política y sus críticos exigen que se aplique la justicia sin privilegios. La respuesta del Tribunal Constitucional será crucial para determinar el futuro del mandatario y la estabilidad política del país.