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El Tribunal Constitucional de Perú resolvió suspender todas las investigaciones que la Fiscalía mantiene abiertas contra la presidenta Dina Boluarte, al sostener que un jefe de Estado no puede ser sometido a indagaciones judiciales durante su mandato, salvo por los delitos expresamente señalados en el artículo 117 de la Constitución.

La sentencia, aprobada por cinco de los siete magistrados, establece que las pesquisas deberán quedar en pausa hasta el final del gobierno de Boluarte, previsto para el 28 de julio de 2026. Según el fallo, la medida busca garantizar el normal ejercicio de la Presidencia y evitar interferencias que, a juicio del tribunal, puedan afectar el desempeño de la jefatura del Estado.

La mandataria afrontaba varias investigaciones, entre ellas la relativa al llamado “Rolexgate”, por presuntos sobornos en forma de relojes y joyas de lujo, además de cuestionamientos por enriquecimiento ilícito, cirugías estéticas no informadas, supuesta falsificación de firma en documentos oficiales y un presunto encubrimiento en la fuga del líder político Vladimir Cerrón.

También se le investiga por su responsabilidad en la represión de las protestas ocurridas tras la destitución de Pedro Castillo, que dejaron al menos 59 muertos. Todos estos casos quedarán congelados en aplicación del nuevo criterio constitucional.

“El régimen especial no busca blindar a la persona de Dina Boluarte, sino resguardar la institución presidencial frente a perturbaciones externas”, subrayó el Tribunal Constitucional en su sentencia. La presidenta del organismo, Luz Pacheco, remarcó en declaraciones televisivas que la decisión tendría la misma validez para cualquier mandatario en funciones.

De este modo, la Fiscalía ya no podrá avanzar en la recolección de pruebas ni en nuevas diligencias hasta que Boluarte culmine su periodo. Sin embargo, para formalizar acusaciones posteriores será necesario el visto bueno del Congreso, órgano que hasta ahora ha archivado las denuncias presentadas por el Ministerio Público.

La resolución ha generado controversia, dado que la presidenta, con apenas un 3 % de popularidad, se mantiene en el poder gracias al respaldo de bloques conservadores en el Parlamento. Analistas consideran que el fallo otorga oxígeno político a Boluarte, aunque profundiza la percepción de impunidad en un país marcado por los escándalos de corrupción en las más altas esferas del poder.

Con este dictamen, se reabre también el debate sobre los límites de la inmunidad presidencial en Perú, recordando que, de haber estado vigente esta interpretación durante el gobierno de Pedro Castillo, sus investigaciones por corrupción habrían quedado igualmente suspendidas hasta el término de su mandato.