Tribunal bloquea uso de Ley de Enemigos Extranjeros por Trump para deportaciones
3 de septiembre de 2025
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este miercoles que el expresidente Donald Trump no puede utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 para acelerar la deportación de migrantes venezolanos vinculados al grupo criminal conocido como Tren de Aragua (TdA). La decisión abre el camino a que la disputa legal llegue eventualmente a la Corte Suprema.
Trump había invocado la AEA a través de una proclamación emitida en marzo, argumentando que los ciudadanos venezolanos pertenecientes al TdA representaban una “invasión depredadora” hacia Estados Unidos. Sin embargo, un panel de tres jueces del Quinto Circuito en Nueva Orleans, en una votación de 2 contra 1, rechazó la interpretación de la ley por parte de la Administración Trump.
La Ley de Enemigos Extranjeros, adoptada en 1798, permite la expulsión de “nativos, ciudadanos o súbditos de una nación hostil” únicamente si existe un estado de guerra declarado o si una potencia extranjera realiza una “invasión o incursión depredadora” en territorio estadounidense.
El tribunal aclaró que “que un país aliente la migración ilegal no equivale a enviar una fuerza armada organizada para ocupar, perturbar o causar daños a Estados Unidos” y añadió que “no se ha demostrado que esta inmigración masiva constituya una fuerza armada u organizada”. Bajo este criterio, se concluyó que no existía ninguna “invasión ni incursión depredadora” atribuible a Venezuela o a alguna otra potencia extranjera.
La decisión tiene efecto vinculante en los tribunales inferiores del Quinto Circuito, que abarca Luisiana, Misisipi y Texas, donde se habían iniciado procesos de deportación bajo la AEA. La política de “expulsión inmediata”, restaurada por Trump en enero, permite la deportación de inmigrantes indocumentados sin audiencia judicial si no pueden demostrar al menos dos años de residencia continua en el país, pero ahora su aplicación queda suspendida en estos estados para casos relacionados con la AEA.
La demanda que cuestionó el uso de la AEA fue presentada por la Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU), que celebró el fallo como una defensa del Estado de derecho y los límites de los poderes presidenciales. “Este fallo deja claro que el presidente no puede simplemente declarar una emergencia militar e invocar los poderes que le apetezcan”, declaró un portavoz de la organización.
El caso subraya el debate sobre los alcances de la autoridad presidencial en materia migratoria y podría sentar un precedente sobre el uso de leyes históricas en contextos modernos de seguridad y control fronterizo. Mientras tanto, la política de deportaciones aceleradas basada en la AEA queda bloqueada, a la espera de una eventual revisi ón por la Corte Suprema.
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