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Un tribunal federal suspendió temporalmente la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar a la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles (California) para contener las protestas masivas contra las redadas migratorias.

Una jueza federal dictaminó que Trump federalizó ilegalmente a la Guardia Nacional el pasado sábado, cuando ordenó enviar unos 2,000 soldados al centro de Los Ángeles para proteger edificios federales y controlar las manifestaciones. Dos días después, el presidente amplió el despliegue con otros 2,000 efectivos más.

La orden judicial señala que las acciones de Trump “fueron ilegales, excedieron su autoridad estatutaria y violaron la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, por lo que debe devolver inmediatamente el control de la Guardia Nacional al gobernador de California, Gavin Newsom.

El tribunal deberá además determinar si el presidente cumplió con el procedimiento que exige el Congreso para tales acciones. Esta decisión representa una victoria para Newsom, quien presentó junto con el fiscal general estatal, Rob Bonta, una demanda contra Trump y el secretario de Defensa, Peter Hegseth, para rechazar la “ilegal federalización” de la Guardia Nacional de California.

Newsom celebró el fallo afirmando que “el Ejército debe estar en el campo de batalla, no en las calles de la ciudad”.

El enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Gobierno de California se da en el contexto de protestas que comenzaron tras las redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que se han prolongado por varios días en Los Ángeles.

El despliegue total de los 4,000 soldados de la Guardia Nacional, junto con unos 700 Marines, representa un costo estimado en 134 millones de dólares para transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos, con un límite máximo de 60 días, según datos del Pentágono.