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La decisión judicial revoca una orden previa de una corte inferior que había frenado la expansión de esta política migratoria. Con este nuevo fallo, el gobierno estadounidense recupera la facultad de aplicar el mecanismo de “expulsión expedita” en distintos puntos del país.
24 de junio de 2026
Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos dio luz verde a la administración del expresidente Donald Trump para retomar la aplicación de deportaciones aceleradas a nivel nacional, una medida que permite expulsar de forma más rápida a ciertos migrantes sin audiencia judicial completa en todos los casos.
La decisión judicial revoca una orden previa de una corte inferior que había frenado la expansión de esta política migratoria. Con este nuevo fallo, el gobierno estadounidense recupera la facultad de aplicar el mecanismo de “expulsión expedita” en distintos puntos del país, no solo en zonas fronterizas, lo que amplía significativamente su alcance operativo.
El caso se enmarca en una larga disputa legal sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y las garantías de debido proceso para personas en situación irregular. La política de deportaciones rápidas había sido ampliada durante la actual administración, generando múltiples demandas por parte de organizaciones de derechos civiles.
Grupos como la ACLU y otras organizaciones proinmigrantes argumentaron que la medida reduce las oportunidades de defensa legal y aumenta el riesgo de expulsiones erróneas, especialmente en el caso de personas que podrían haber residido en el país por períodos prolongados. Sin embargo, el gobierno defendió el programa como una herramienta necesaria para agilizar los procesos migratorios ante el incremento de detenciones.
El fallo fue emitido por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, con una votación dividida de 2-1 a favor de levantar la suspensión previa. La mayoría del tribunal consideró que la expansión del programa se ajusta a la autoridad legal del Ejecutivo y no vulnera de forma automática el debido proceso, ya que los migrantes aún cuentan con notificaciones y posibilidad de responder en ciertos casos.
La política en cuestión amplía el uso de la “expulsión acelerada”, un procedimiento que históricamente se aplicaba principalmente a personas detenidas cerca de la frontera o poco después de ingresar al país. Con esta decisión, su aplicación se extiende a nivel interno, lo que permite a agentes migratorios actuar en diversas regiones del territorio estadounidense.
La resolución también generó reacciones divididas: mientras autoridades federales celebraron el fallo como un avance para el control migratorio, sectores defensores de derechos humanos advirtieron que la medida podría intensificar el debate sobre las garantías legales de los migrantes y abrir la puerta a nuevos litigios en tribunales superiores.