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Tribunal argentino ordena a Cristina Fernández pagar 537 millones de dólares por corrupción
Un tribunal federal de Argentina ordenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y a otros ocho condenados en la causa conocida como Vialidad que paguen 685.000 millones de pesos argentinos (537 millones de dólares) como parte de la ejecución de su condena por irregularidades en la concesión de obras públicas viales.
16 de julio de 2025
Un tribunal federal de Argentina ordenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y a otros ocho condenados en la causa conocida como Vialidad que paguen 685.000 millones de pesos argentinos (537 millones de dólares) como parte de la ejecución de su condena por irregularidades en la concesión de obras públicas viales.
El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) dispuso que la exmandataria deberá afrontar junto a exfuncionarios de su gobierno y empresarios el decomiso de ese monto por el daño ocasionado al erario público. Entre los condenados también están el empresario Lázaro Báez y exfuncionarios como José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, entre otros, todos actualmente en prisión.
El tribunal estableció el monto tras un informe de peritos contables oficiales y calificó la maniobra, realizada durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, como un “daño producido al erario público” y un “gravísimo hecho de corrupción”. Rechazaron la pericia contable presentada por la defensa, que proponía devolver un monto mucho menor, aproximadamente 33 millones de dólares.
La expresidenta tiene un plazo de diez días hábiles para depositar su parte del monto en efectivo en una cuenta judicial en el Banco de la Nación Argentina. De no hacerlo, se activará un proceso de remate de las propiedades embargadas que le pertenecen.
Cristina Fernández permanece bajo prisión domiciliaria desde el mes pasado, tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia autorizó que continúe en su residencia con tobillera electrónica y con ciertas restricciones para visitas.
Se espera que la defensa de Fernández y el resto de los condenados presenten recursos para apelar esta resolución. Mientras tanto, manifestaciones de apoyo a la exmandataria continúan en las calles cercanas a su domicilio, pese a la oposición de vecinos preocupados por la alteración del orden público.
Esta decisión judicial representa un nuevo capítulo en uno de los casos de corrupción más emblemáticos en Argentina vinculados a la obra pública durante las administraciones kirchneristas.