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El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que ordena la publicación de los documentos relacionados con la investigación del pederasta Jeffrey Epstein, y lo remitió directamente al presidente Donald Trump para su firma, en un proceso poco habitual por su rapidez y carácter automático.

La iniciativa había recibido previamente un apoyo abrumador en la Cámara de Representantes, con 427 votos a favor y solo uno en contra. Horas después, el Senado decidió enviar la ley al escritorio de Trump sin votación ni discusión previa, tras la solicitud del líder demócrata Chuck Schumer, y sin oposición por parte de los senadores.

El líder republicano del Senado, John Thune, señaló que ante un respaldo tan contundente en la Cámara Baja y la disposición del presidente a firmar la ley, no era necesario modificar el proyecto.

Inicialmente, Trump se había mostrado en contra de la publicación de los documentos, pero recientemente anunció que respaldaría la medida ante la presión de su propio partido.

A través de la red Truth Social, comentó que le daba igual el calendario del Senado, pero recalcó la importancia de que los republicanos no olviden las “victorias” de su administración.

Con la aprobación, Trump podría ratificar la ley de inmediato, instruyendo al Departamento de Justicia a hacer públicos los papeles de Epstein.

La aprobación de esta ley se produce apenas una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja difundieran unos 20.000 correos electrónicos de Epstein, en los que se mencionaba directamente a Trump, señalando que tenía conocimiento de sus crímenes y que había pasado “horas” con una de las víctimas.

Los documentos revelarán detalles de investigaciones que durante años permanecieron parcialmente clasificados, y podrían arrojar nueva luz sobre la red de tráfico y abuso sexual vinculada a Epstein, así como sobre las figuras políticas y empresariales mencionadas en los correos y archivos.

La publicación de los papeles de Epstein genera un intenso debate público y político, ya que implicará a personalidades de alto perfil y podría influir en la percepción de la gestión de la justicia en casos de abuso sexual y tráfico de menores. Además, marca un hecho histórico en la transparencia de investigaciones de alto nivel, obligando al gobierno federal a revelar información que durante años había sido restringida.