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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Alba Luz Ramos, presentó su renuncia al cargo alegando razones de salud, una decisión que se suma a una serie de salidas de magistrados del máximo tribunal nicaragüense durante los últimos dos años. Su dimisión fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta y posteriormente aceptada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

Ramos tenía una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial nicaragüense. Permaneció cerca de cuatro décadas como magistrada de la Corte Suprema y ejerció la presidencia del máximo tribunal durante aproximadamente 16 años, convirtiéndose en una de las figuras más conocidas de la estructura judicial del país.

Su salida ocurre después de una profunda reorganización de la Corte Suprema. Desde noviembre de 2025, otros magistrados han abandonado sus cargos, en la mayoría de los casos argumentando problemas de salud o jubilación. Con Ramos, el número de magistrados que han dimitido en este período asciende a nueve.

La renuncia de Ramos fue presentada como una decisión vinculada a su estado de salud. En el documento de salida, la magistrada también dio por concluida una extensa etapa de servicio dentro del Poder Judicial nicaragüense.

Sin embargo, la dimisión se produce en medio de cuestionamientos sobre los cambios registrados dentro de la Corte Suprema. Fuentes opositoras y especialistas citados por medios independientes sostienen que varias de las salidas podrían formar parte de una reorganización política del Poder Judicial, aunque las razones oficialmente consignadas para las renuncias han sido principalmente problemas de salud o jubilación.

La salida de Ramos tampoco representa el comienzo de su alejamiento de la dirección efectiva de la Corte. Según reportes periodísticos, la magistrada había sido apartada de sus funciones públicas desde octubre de 2023, cuando agentes policiales ingresaron a las instalaciones del máximo tribunal y posteriormente ella dejó de participar en actividades oficiales.

El proceso de transformación del Poder Judicial ha incluido además cambios en su estructura. Una reforma constitucional redujo de 16 a 10 el número de magistrados de la Corte Suprema, mientras posteriormente se modificó la legislación que regula el funcionamiento del sistema judicial.

Las salidas continuaron durante los meses siguientes. Entre los magistrados que dejaron sus puestos aparecen Yadira Centeno, Ellen Joy Lewin, Armando Juárez, Marvin Aguilar, Gerardo Arce Castaño y otros funcionarios de alto rango. La sucesión de renuncias ha generado cuestionamientos desde sectores críticos del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.