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El presidente José Jerí, quien ejerce un gobierno de transición en Perú, afirmó de manera contundente que no tiene intención de renunciar a su cargo, en medio de la polémica por sus reuniones no registradas con un empresario chino y las presiones políticas que ello ha generado en el país andino.

Jerí ofreció una entrevista exclusiva al Canal N de televisión, donde negó que exista motivo para dimitir y señaló que quienes piden su salida buscan “desestabilizar al Gobierno y enturbiar el proceso electoral” previsto para la primera mitad de 2026. Aseguró que no ha ocultado información ni ha cometido actos ilícitos, y defendió su actuación desde que asumió la presidencia interina tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte.

El mandatario explicó que los encuentros con el empresario chino Zhihua Yang —incluidas visitas a un restaurante típico peruano y a una tienda— han sido presentados fuera de contexto por sus críticos. Jerí insistió en que acciones como acudir a establecimientos comerciales son actos cotidianos y que se está exagerando su significado con fines políticos.

Jerí también adelantó que este miércoles se presentará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar información sobre estos encuentros y reiteró que ya ha ofrecido su colaboración a la Fiscalía de la Nación para esclarecer todos los detalles. En ese sentido, afirmó que el primer ministro, Ernesto Álvarez, permanecerá en su cargo, a pesar de los rumores sobre posibles cambios en el gabinete.

La controversia se produce en un momento de alta sensibilidad política en Perú, donde la crisis institucional ha sido una constante en los últimos años. Jerí asumió el poder tras la salida de Boluarte, quien enfrentó múltiples llamados a la vacancia y protestas durante su mandato. El actual jefe de Estado ha tenido un rol clave en la conducción del país hacia las elecciones generales programadas para 2026, en medio de una agenda polarizada.

El presidente insistió en que las críticas en su contra son parte de un esfuerzo por afectar su legitimidad y desviar la atención de temas prioritarios para el país, como la seguridad, la economía y la organización de los próximos comicios nacionales.