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El esposo de la abogada salvadoreña Ruth López, junto con representantes de la organización Cristosal, solicitó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que intervenga para verificar las condiciones en las que permanece detenida y conocer su actual estado de salud.

La petición también plantea revisar posibles vulneraciones a sus garantías judiciales durante el proceso.

La solicitud fue presentada ante la procuradora Raquel Caballero y contempla, entre otros puntos, que se compruebe el acceso que López tiene a sus abogados y familiares, así como la información disponible sobre su condición física y emocional. Sus representantes consideran necesario que las autoridades de derechos humanos supervisen directamente su situación.

Ruth López permanece detenida desde el 18 de mayo de 2025. Inicialmente fue señalada por el delito de peculado debido a su trabajo como asesora del Tribunal Supremo Electoral durante el período gubernamental de Salvador Sánchez Cerén. Posteriormente, la Fiscalía modificó la acusación y la procesó por presunto enriquecimiento ilícito.

Los abogados de Cristosal y el esposo de López también pidieron que se analice la posibilidad de aplicar medidas distintas a la prisión, tomando en cuenta los riesgos que, según sostienen, podría enfrentar la detenida tanto en el ámbito físico como emocional.

Asimismo, solicitaron que su familia pueda recibir información oficial y comprobable sobre su estado de salud y que se garanticen sus derechos a la defensa y a un proceso judicial público y justo.

El caso permanece bajo reserva total, por lo que los detalles de las actuaciones judiciales no son de conocimiento público. Esta situación ha limitado la información disponible sobre el avance del proceso y sobre las condiciones en que permanece la abogada.

La etapa de instrucción del proceso debía concluir inicialmente en diciembre de 2025, pero la Fiscalía solicitó una ampliación del plazo de investigación. Según Cristosal, la audiencia de instrucción que debía realizarse en junio de este año todavía no ha sido programada.

La organización también sostiene que la falta de información sobre la situación procesal de López aumenta la preocupación de sus familiares y representantes legales.

El caso ha generado además pronunciamientos de organismos internacionales. Human Rights Watch ha pedido que se garantice a López un juicio pronto, público y justo, además de contacto regular con sus familiares y abogados.

Mientras la PDDH analiza la solicitud presentada, la defensa de López mantiene sus reclamos para conocer su estado y garantizar el ejercicio de sus derechos durante el proceso penal.