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Un grupo de tres legisladores argentinos solicitaron la suspensión de la jubilación de privilegio del expresidente Alberto Fernández (2019-2023), luego de que fuera procesado por corrupción en una causa que investiga la contratación irregular de seguros durante su mandato.

El expresidente argentino Alberto Fernández fue recientemente procesado por corrupción en un caso vinculado a contrataciones irregulares de seguros durante su gestión. A raíz de esto, tres legisladores presentaron una solicitud formal para retirarle la jubilación de privilegio, alegando que no corresponde mantener ese beneficio mientras enfrenta cargos judiciales. El caso ha reavivado el debate sobre los privilegios de los exmandatarios y la ética pública en Argentina.

La petición fue dirigida al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernando Bearzi, y está firmada por los legisladores Graciela Ocaña, María Sol Méndez y Sebastián Nagata. En el escrito, los firmantes aseguran que “mantener este beneficio mientras está procesado por corrupción implica un perjuicio millonario para el Estado”.

La solicitud se basa en la reciente decisión del juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El caso gira en torno a un esquema de contratación de seguros a través del Banco Nación que habría favorecido a intermediarios con vínculos personales con el expresidente, incluyendo al esposo de su exsecretaria privada.

Como parte de la resolución judicial, también se ordenó un embargo sobre los bienes del exmandatario por más de 14.600 millones de pesos argentinos (equivalentes a unos 11,58 millones de dólares).

Fernández, por su parte, respondió al procesamiento a través de su cuenta de Instagram, calificando la decisión judicial como arbitraria y motivada políticamente. “Entiendo que la decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas con el solo propósito de mantenerme arbitrariamente ligado al proceso”, escribió. Añadió además: “Seguiré intentando que la Justicia Federal cumpla su función de impartir justicia y deje de perseguirme por ser peronista para complacer a los medios de comunicación”.

Actualmente, el expresidente percibe una jubilación mensual de aproximadamente 9 millones de pesos (más de 7.000 dólares), cifra que representa más de 24 veces la jubilación mínima en Argentina.

Los legisladores sostienen que, aunque la ley prevé beneficios para quienes hayan ejercido la Presidencia, estos no deben mantenerse si se los utilizó en beneficio propio, y pidieron que se suspenda el pago hasta que la Justicia determine la culpabilidad o inocencia del exjefe de Estado.

La solicitud ha reavivado el debate público en Argentina sobre los privilegios de los expresidentes, el uso de fondos públicos y la necesidad de reformas en el régimen previsional para altos funcionarios.