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El Ministerio de Educación de Perú analiza nuevas medidas para enfrentar la violencia en los centros educativos, entre ellas la posibilidad de separar de las escuelas a estudiantes que cometan agresiones graves. La propuesta busca ampliar las herramientas de directores y docentes para responder ante situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que próximamente se emitirán normas para establecer mecanismos de intervención y sanciones ante hechos de violencia escolar. Actualmente, las instituciones cuentan principalmente con medidas correctivas, por lo que el Gobierno plantea establecer procedimientos diferenciados según la gravedad de cada caso.

La discusión cobró fuerza después de un caso ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise, donde seis adolescentes fueron enviados a internamiento preventivo mientras son investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. El episodio generó cuestionamientos sobre la convivencia y los mecanismos de prevención dentro de los colegios.

Chang explicó ante una comisión del Congreso que las nuevas disposiciones buscarán devolver a directores y profesores mayores facultades para aplicar sanciones de manera gradual, tomando en cuenta la gravedad de las faltas y respetando los derechos de los estudiantes.

La eventual separación de un alumno considerado agresor no significaría necesariamente que quede fuera del sistema educativo. El ministro señaló que podrían contemplarse alternativas como la educación básica alternativa o modalidades de enseñanza remota, de manera que la medida disciplinaria no implique abandonar los estudios.

El Gobierno también prevé consultar a especialistas y representantes de la comunidad educativa para elaborar las nuevas reglas. Entre los sectores que serían convocados figura el Colegio de Psicólogos del Perú, con el objetivo de incorporar criterios relacionados con prevención, atención y respuesta ante situaciones de violencia.

Las cifras oficiales muestran la dimensión del problema. El sistema SíseVe registró más de 11,000 casos de violencia escolar entre enero y agosto de 2026, incluyendo agresiones físicas, violencia psicológica y hechos de carácter sexual. Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad de reportes, seguida por otras regiones del país.

Además de las posibles sanciones, el Ministerio de Educación ha anunciado otras medidas para fortalecer la protección de los estudiantes, entre ellas la creación de una oficina especializada y modificaciones al sistema SíseVe para procurar una respuesta más rápida ante las denuncias.

La propuesta todavía debe concretarse mediante las normas correspondientes. Mientras tanto, las autoridades peruanas mantienen el debate sobre cómo combinar medidas disciplinarias, protección de las víctimas y continuidad educativa para los estudiantes involucrados en hechos graves de violencia.