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El Gobierno de Panamá declaró este viernes estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, zona bananera del Caribe, debido a una escalada de violencia en las protestas que desde hace casi dos meses exigen la derogación de una reforma a la Seguridad Social.

La medida suspende las garantías constitucionales por cinco días en toda la provincia, con el fin de evitar que grupos radicales y delictivos organicen actos de violencia, vandalismo y saqueos que pongan en riesgo la propiedad y la vida de las personas, explicó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, tras una reunión urgente del gabinete convocada por el presidente José Raúl Mulino.

Durante las manifestaciones, especialmente en la ciudad de Changuinola, se registraron saqueos a las instalaciones de la empresa bananera Chiquita Panamá, que cerró operaciones y despidió a sus trabajadores en mayo tras un paro. Además, se incendiaron parcialmente un estadio de béisbol, se tomaron instalaciones del aeropuerto local, se robaron vehículos de alquiler y objetos de oficinas comerciales, así como otros robos en comercios locales.

En respuesta a estos hechos, varias instituciones públicas suspendieron temporalmente la atención y operaciones en Changuinola, mientras el Gobierno, empresarios y sociedad civil condenaron los actos vandálicos.

Las autoridades reconocieron que la situación ha escalado peligrosamente, con bloqueos viales, enfrentamientos entre policías y manifestantes, y que la llegada de un contingente de 1,500 policías para despejar las carreteras bloqueadas ha resultado en al menos 55 detenidos y 12 agentes heridos.

El “estado de emergencia” declarado en mayo, que solo regulaba el uso de fondos públicos, fue insuficiente para controlar la crisis, por lo que ahora el Ejecutivo elevó la medida para garantizar el orden público y la seguridad en la región limítrofe con Costa Rica.