INTERNACIONALES

Un grupo de países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) expresó su preocupación por las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos contra funcionarios del tribunal, al considerar que estas acciones pueden debilitar la cooperación internacional y afectar el sistema de justicia basado en normas.

La reacción se produce después de que Washington impusiera sanciones contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y el fiscal adjunto Abdoulaye Seye, en una nueva escalada de las diferencias entre el Gobierno estadounidense y el tribunal con sede en La Haya. Las sanciones contemplan restricciones financieras y el bloqueo de activos sujetos a jurisdicción estadounidense.

Estados Unidos mantiene desde hace años una posición crítica frente a la CPI y no forma parte del Estatuto de Roma, tratado que creó el tribunal. Washington sostiene que la corte no debe ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses ni sobre funcionarios de países que no aceptaron su competencia.

La administración del presidente Donald Trump ha endurecido esa postura, especialmente después de las actuaciones de la CPI relacionadas con Israel y la investigación de posibles crímenes internacionales. En febrero de 2025, la Casa Blanca ya había establecido un régimen de sanciones contra el tribunal.

La reciente decisión de sancionar a Akane y Seye representa otro capítulo de la disputa.

El Gobierno estadounidense acusa a la CPI de exceder sus atribuciones y cuestiona sus investigaciones relacionadas con ciudadanos de Estados que no son miembros del tribunal.

La CPI, por su parte, rechazó las medidas y sostuvo que las presiones contra sus funcionarios representan una amenaza para su independencia judicial y para la capacidad de investigar crímenes graves.

Las nuevas sanciones también provocaron críticas de países aliados de Washington. Japón, país de origen de la presidenta de la CPI, calificó la medida como “muy desafortunada” y reafirmó su respaldo a la labor del tribunal.

Países europeos, entre ellos Alemania y Países Bajos, también han reiterado su apoyo a la independencia de la Corte Penal Internacional. Países Bajos, donde tiene su sede la institución, manifestó su rechazo a las sanciones y mantiene su respaldo a la labor judicial de la CPI.

El enfrentamiento ha reavivado el debate sobre el futuro del sistema internacional construido alrededor de tratados, instituciones multilaterales y mecanismos de rendición de cuentas.

Para los países que respaldan a la CPI, las presiones contra sus jueces y fiscales pueden sentar un precedente peligroso al dificultar que organismos internacionales actúen de manera independiente frente a acusaciones de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos de especial gravedad.