INTERNACIONALES

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución no vinculante que solicita el cese del bloqueo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace 63 años. La medida recibió el respaldo de 165 países, mientras que siete votaron en contra —entre ellos Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría— y 12 se abstuvieron, incluyendo naciones como Ecuador, Letonia y Costa Rica. Honduras se sumó al apoyo internacional.

La resolución, presentada anualmente por Cuba desde 1992, busca poner fin a las sanciones que han afectado de manera significativa la economía y el bienestar social de la isla. Este año, el número de votos en contra alcanzó un récord de siete, rompiendo la casi unanimidad que caracterizaba los años anteriores, cuando normalmente solo Estados Unidos e Israel se oponían.

Los líderes cubanos han defendido la resolución como una reafirmación del derecho internacional y un llamado a la justicia social, señalando que las sanciones han restringido el acceso a alimentos, medicinas y recursos esenciales, generando dificultades en sectores clave de la población. Además, destacaron que la votación refleja el rechazo de la comunidad global a políticas consideradas dañinas y desproporcionadas.

Desde Washington, el gobierno estadounidense argumentó que Cuba constituye “una amenaza a la paz y la seguridad” y ha sido señalada de influir en conflictos internacionales, incluyendo la guerra en Ucrania, así como de generar inestabilidad en América Latina. La postura de Estados Unidos y Argentina, presidida por Donald Trump y Javier Milei respectivamente, marcó un cambio en la dinámica de apoyo que Cuba había recibido históricamente.

Analistas internacionales señalan que, aunque la resolución no tiene carácter vinculante, el amplio respaldo evidencia la presión de la comunidad internacional sobre Estados Unidos para reconsiderar su política hacia Cuba. La votación también subraya la creciente unidad de los países latinoamericanos y otros miembros de la ONU en favor del diálogo y la cooperación frente a sanciones económicas que afectan a la población civil.