INTERNACIONALES

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió este lunes sobre el creciente número de detenciones arbitrarias en Venezuela realizadas por cuerpos de seguridad del Estado, sin que se brinde información pública sobre los motivos, los lugares de reclusión o la situación jurídica de los detenidos.

De acuerdo con la ONG, en los últimos días se han multiplicado los casos en los que ciudadanos son privados de libertad sin orden judicial ni transparencia procesal, generando un clima de incertidumbre, temor y desconfianza hacia las autoridades.

“Se están ejecutando detenciones sin información pública, lo que deja a las familias en una situación de angustia prolongada y vulnera derechos fundamentales”, denunció la JEP a través de su cuenta oficial en la red social X.

Según la organización, estas acciones podrían configurar un patrón de desapariciones forzadas de corta duración, ya que en muchos casos las autoridades no reconocen la detención de inmediato, impidiendo que los familiares o abogados tengan acceso a los afectados.

Uno de los casos más recientes fue la detención de cuatro trabajadores audiovisuales mientras realizaban labores de preproducción cerca de un centro penitenciario en el estado Aragua. Hasta el momento, no se ha ofrecido información oficial sobre su situación, lo que ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y colectivos de prensa.

La JEP señaló que el silencio institucional frente a estos hechos contradice los principios establecidos en la Constitución venezolana, así como los tratados internacionales firmados por el país, que garantizan el derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la comunicación con familiares y defensores legales.

“Exigimos al Estado venezolano garantizar de forma inmediata, completa y veraz la información sobre la identidad y paradero de las personas detenidas, las razones legales de su captura y su acceso a defensa jurídica”, subrayó la ONG en su comunicado.

Asimismo, la organización recordó que la falta de transparencia y la opacidad judicial se han convertido en prácticas recurrentes en los últimos años, afectando no solo a ciudadanos comunes, sino también a periodistas, activistas, sindicalistas y líderes comunitarios.

Diversos informes internacionales —incluyendo los de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela— han advertido que las detenciones arbitrarias y la persecución política forman parte de un patrón sistemático dentro del aparato estatal, utilizado para intimidar o silenciar voces críticas.

La JEP recordó que, entre 2014 y 2024, centenares de personas han sido detenidas sin órdenes judiciales, y muchas de ellas han sufrido incomunicación prolongada o tratos degradantes durante los primeros días de arresto.

El pronunciamiento de la ONG se suma a los llamados de organizaciones nacionales e internacionales que reclaman mayor rendición de cuentas y respeto al Estado de derecho, especialmente en un contexto político marcado por el control institucional del régimen de Nicolás Maduro y la falta de independencia judicial.

“Cuando no hay transparencia ni acceso a la información, se abren las puertas a la arbitrariedad y a la impunidad. Venezuela necesita verdad, justicia y respeto por los derechos humanos”, concluye el comunicado de la organización.

La advertencia de Justicia, Encuentro y Perdón refuerza las preocupaciones sobre la erosión del sistema judicial venezolano, en momentos en que la comunidad internacional evalúa nuevos mecanismos de monitoreo ante las denuncias de abusos de poder y represión estatal.