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Nueva York limita acción de ICE en escuelas e iglesias
De acuerdo con las disposiciones aprobadas, los agentes federales no podrán ingresar a escuelas, iglesias u otras instalaciones protegidas para realizar detenciones o acciones de control migratorio sin contar previamente con una orden emitida por una autoridad judicial competente.
30 de mayo de 2026
El estado de Nueva York aprobó un paquete de medidas que restringe la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en “lugares sensibles” como escuelas, iglesias, hospitales y centros comunitarios, salvo que exista una orden judicial. La normativa también establece límites a la colaboración entre autoridades locales y agentes federales en temas de inmigración civil.
El estado de Nueva York oficializó un conjunto de leyes orientadas a reducir la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en espacios considerados sensibles, como centros educativos, templos religiosos, hospitales y otros lugares de atención pública, en un esfuerzo por reforzar la protección de comunidades migrantes.
De acuerdo con las disposiciones aprobadas, los agentes federales no podrán ingresar a escuelas, iglesias u otras instalaciones protegidas para realizar detenciones o acciones de control migratorio sin contar previamente con una orden emitida por una autoridad judicial competente.
La normativa también establece restricciones a la cooperación entre agencias locales y ICE en casos de inmigración civil, incluyendo la prohibición de acuerdos que permitan a cárceles o policías estatales retener personas exclusivamente por solicitudes administrativas del organismo federal.
Asimismo, el paquete legislativo incluye medidas relacionadas con la transparencia y conducta de los agentes, como limitaciones al uso de mascarillas durante operativos, salvo en situaciones tácticas o médicas justificadas, con el objetivo de mejorar la identificación de los funcionarios durante sus intervenciones.
Las autoridades estatales argumentan que estas disposiciones buscan evitar abusos de poder y garantizar que las acciones de control migratorio se realicen dentro del marco legal, respetando los derechos constitucionales de los residentes, independientemente de su estatus migratorio.
El gobierno estatal ha defendido la reforma como parte de una política más amplia para separar las funciones de seguridad pública local de las labores de aplicación de leyes migratorias federales, concentrando a la policía en la persecución de delitos criminales y no en detenciones administrativas.
Con estas medidas, Nueva York se suma a otros estados que han adoptado regulaciones similares en medio del debate nacional en Estados Unidos sobre el alcance de las operaciones migratorias y la presencia de ICE en espacios comunitarios.