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En un movimiento orientado a optimizar la estructura del aparato estatal, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una profunda reforma administrativa que incluye la reducción del número de ministerios de 20 a 14, la fusión de varias instituciones clave y el despido inmediato de al menos 5.000 empleados públicos.

La medida, presentada oficialmente por la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, busca “mejorar la eficiencia” del Estado y responder a compromisos adquiridos en el marco del acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que otorga al país 5.000 millones de dólares. Jaramillo afirmó que esta decisión no se basa en criterios políticos, sino en un análisis técnico sobre el funcionamiento de cada institución.

Entre las fusiones más relevantes destacan la unión del Ministerio de Transporte con el de Vivienda, y la integración de los ministerios de Cultura, Deporte, y Educación Superior bajo el paraguas del Ministerio de Educación. Asimismo, el Ministerio de la Mujer y el de Ambiente serán absorbidos por otras carteras más grandes. Algunos de estos ministerios pasarán a operar como viceministerios, en un esfuerzo por compactar funciones y reducir costos.

Jaramillo recalcó que el recorte no afectará a profesionales clave como personal médico, docente, fuerzas de seguridad o ciudadanos en situación vulnerable. No obstante, sí incluirá a empleados señalados como obstáculos para el buen funcionamiento del Estado e incluso a presuntos vinculados con redes de corrupción dentro de instituciones públicas.

“La decisión es firme: no podemos seguir permitiendo que el ‘no hay sistema’ sea la respuesta cotidiana del servicio público”, expresó. Además, subrayó que las liquidaciones serán respetadas conforme a la ley y que el proceso está financieramente respaldado.

La portavoz agregó que, tras la desvinculación de los 5.000 empleados, el Gobierno prevé incorporar nuevos perfiles, especialmente jóvenes, que deseen incorporarse al servicio público con una visión renovadora.

Este es, hasta ahora, el ajuste institucional más significativo desde que Daniel Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023, marcando una nueva etapa de reformas enfocadas en recortar el gasto estatal y sanear las finanzas públicas.