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Nicaragua se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a informe crítico

28 de febrero de 2025

El Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, rechazando el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua. El informe recomendó que el país sea demandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por despojar de su nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses.

 

Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, declaró a través de medios oficiales que esta es una decisión "soberana e irrevocable". En una carta enviada al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jürg Lauber, el canciller Valdrack Jaentschke oficializó el retiro del país.

 

Murillo señaló que el informe acusa al Ejército nicaragüense de participar en la represión de protestas en 2018 y cometer ejecuciones extrajudiciales. También afirmó que el Gobierno de Ortega ha desmantelado mecanismos de control y cometido violaciones graves a los derechos humanos.

 

La copresidenta rechazó el informe, calificándolo como "falsedades, calumnias y mentiras". Argumentó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha violado su propia normativa al aplicar un doble rasero y politizar las cuestiones de derechos humanos.

 

Murillo acusó a la ONU de ser un instrumento de intervención extranjera en asuntos internos y de desacreditar los logros del Gobierno en seguridad, salud y educación. También denunció que estas acusaciones obstaculizan el desarrollo económico y social del país.

 

En la carta enviada a la ONU, el Gobierno nicaragüense argumentó que el Consejo de Derechos Humanos ha servido como "caja de resonancia" para quienes, según ellos, atentaron contra la paz en Nicaragua en 2018. Además, responsabilizó a los organismos internacionales de promover sanciones coercitivas unilaterales contra el país.

 

El Gobierno reiteró que no reconoce ni los informes ni las declaraciones del Grupo de Expertos de la ONU, afirmando que estos mecanismos han perdido su esencia y se han convertido en "instrumentos de atropello contra la soberanía".

 

Desde 2018, el Gobierno de Nicaragua ha sido señalado por la comunidad internacional por

violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, 452 ciudadanos han sido despojados de su nacionalidad, incluyendo 135 opositores expulsados a Guatemala en septiembre de 2024.

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