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Nicaragua prepara reforma electoral polémica
La propuesta ha generado críticas de sectores opositores y organismos internacionales, que consideran que la medida podría limitar aún más el espacio para la competencia política en el país centroamericano.
28 de julio de 2026
El Gobierno de Nicaragua anunció que impulsará en septiembre una reforma parcial a la Constitución que modificaría las reglas de participación política, incluyendo disposiciones para impedir que opositores señalados como “traidores a la patria” puedan participar en procesos electorales.
La propuesta ha generado críticas de sectores opositores y organismos internacionales, que consideran que la medida podría limitar aún más el espacio para la competencia política en el país centroamericano.
La reforma ocurre en medio de una profunda crisis política en Nicaragua, marcada por años de enfrentamientos entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y sectores opositores que denuncian restricciones a la participación democrática y al funcionamiento de instituciones electorales.
El anuncio llega después de declaraciones del mandatario nicaragüense sobre el futuro del sistema electoral del país y en un escenario donde organizaciones internacionales han expresado preocupación por las condiciones políticas y los derechos civiles.
La copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que la Asamblea Nacional trabajará en una reforma constitucional que establecería nuevas condiciones para la participación electoral de personas consideradas por el Estado como “traidores a la patria”. La medida afectaría principalmente a opositores que han perdido su nacionalidad nicaragüense mediante procesos impulsados por las autoridades.
Según la propuesta anunciada, la modificación será presentada en primera legislatura durante septiembre, como parte de los cambios que el oficialismo plantea realizar al marco jurídico del país.
La iniciativa ha provocado cuestionamientos de sectores críticos del Gobierno nicaragüense, quienes señalan que este tipo de reformas podrían reducir las posibilidades de participación de grupos opositores y concentrar mayor control político en las instituciones estatales.
Organismos internacionales han expresado preocupación por el rumbo institucional de Nicaragua y han señalado que las restricciones a partidos, líderes opositores y organizaciones civiles afectan las condiciones necesarias para procesos electorales competitivos.
El Gobierno de Ortega y Murillo, por su parte, sostiene que las medidas buscan proteger la soberanía nacional y evitar la intervención de actores que considera vinculados con intereses extranjeros.