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Nicaragua endurece reforma constitucional
Entre ellos figura la propuesta de ampliar de cinco a siete años el período presidencial, además de establecer restricciones para que opositores desnacionalizados y considerados “traidores a la patria” puedan participar en procesos electorales.
24 de agosto de 2026
La Asamblea Nacional de Nicaragua incorporó una nueva disposición al proyecto de reforma parcial de la Constitución para establecer que las leyes extranjeras que pretendan imponerse sobre el país no tendrán efectos jurídicos en su territorio. La modificación fue aprobada por unanimidad durante una sesión especial celebrada el sábado.
La medida plantea modificar el artículo 12 de la Constitución y se suma a una reforma más amplia impulsada por el Parlamento, controlado por el oficialismo. De acuerdo con la Asamblea, el objetivo es reforzar el principio de soberanía nacional frente a disposiciones emitidas fuera de Nicaragua.
La incorporación de esta cláusula ocurre en medio de un escenario de creciente tensión entre el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y distintos organismos internacionales.
La iniciativa fue aprobada pocos días después de que la Organización de los Estados Americanos convocara una reunión de cancilleres para abordar la situaci ón política nicaragüense.
El proyecto constitucional presentado a finales de julio contempla otros cambios de amplio alcance. Entre ellos figura la propuesta de ampliar de cinco a siete años el período presidencial, además de establecer restricciones para que opositores desnacionalizados y considerados “traidores a la patria” puedan participar en procesos electorales.
La nueva disposición busca impedir la aplicación en Nicaragua de normas, decisiones o disposiciones provenientes de otros Estados u organismos internacionales que, según el oficialismo, intenten imponerse sobre la voluntad nacional. Sin embargo, la medida todavía forma parte del proyecto de reforma constitucional y no debe considerarse una norma constitucional vigente hasta que concluya el procedimiento correspondiente.
El debate ocurre además mientras el Gobierno nicaragüense enfrenta cuestionamientos internacionales sobre el rumbo institucional del país y el futuro de sus procesos electorales. La reforma constitucional prevista para septiembre podría modificar de manera significativa el marco político y jurídico bajo el cual opera Nicaragua.
La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, deberá continuar con el trámite legislativo de las modificaciones. Mientras tanto, la incorporación de la nueva cláusula refuerza la posición del Gobierno de Managua de rechazar la aplicación extraterritorial de normas y decisiones provenientes del exterior.