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Nicaragua elimina la licitación pública para compras del Ejército y la Policía, generando críticas por falta de transparencia
Opositores han señalado que esta reforma exime a las fuerzas armadas y policiales de la rendición de cuentas sobre sus contrataciones, lo que impide cualquier mecanismo de control sobre el gasto público en estos sectores. Antes de esta modificación, el Ejército y la Policía debían justificar sus adquisiciones a través de procesos de licitación o contratación simplificada.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes una nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Estado, la cual permite al Ejército y a la Policía Nacional adquirir bienes y equipos sin necesidad de licitación pública. Esta medida ha generado preocupación entre sectores opositores y analistas, quienes advierten sobre una posible falta de transparencia en el uso de fondos públicos.
La ley, propuesta por el presidente Daniel Ortega y aprobada con carácter urgente por unanimidad, excluye del proceso de licitación las adquisiciones destinadas a garantizar la soberanía, la seguridad nacional y el mantenimiento del orden interno. También se aplicará esta excepción a las compras relacionadas con el avituallamiento de las fuerzas de seguridad y del Ministerio del Interior.
Opositores han señalado que esta reforma exime a las fuerzas armadas y policiales de la rendición de cuentas sobre sus contrataciones, lo que impide cualquier mecanismo de control sobre el gasto público en estos sectores. Antes de esta modificación, el Ejército y la Policía debían justificar sus adquisiciones a través de procesos de licitación o contratación simplificada.
Además, la ley amplía el margen de compras sin licitación en otras áreas del Estado. Por ejemplo, las compras de boletos aéreos internacionales realizadas a través de plataformas digitales autorizadas por la Presidencia ya no estarán sujetas a licitación. Asimismo, se eleva el umbral para las contrataciones menores, pasando de los 500.000 córdobas (aproximadamente 13.500 dólares) a 2 millones de córdobas (unos 54.000 dólares).
En cuanto a los procesos de licitación y contratación en instituciones estatales, el monto mínimo se incrementa de 3 millones de córdobas (81,000 dólares) a 10 millones de córdobas (270,000 dólares), lo que amplía el margen para compras sin competencia abierta.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió la reforma, asegurando que la nueva ley moderniza el entorno legal y normativo para las contrataciones estatales, promoviendo la competencia y el uso eficiente de los recursos públicos. Sobre la eliminación de la fiscalización en las compras del Ejército y la Policía, Gutiérrez afirmó que estas medidas "se justifican por sí solas".
Mientras el oficialismo destaca los beneficios administrativos de esta nueva normativa, la oposición y sectores de la sociedad civil alertan sobre el riesgo de que el gasto en seguridad y defensa se vuelva opaco y sin posibilidad de supervisión ciudadana.
Con esta reforma, el control sobre el presupuesto destinado a las fuerzas de seguridad queda exclusivamente en manos del Ejecutivo, lo que podría aumentar la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos en Nicaragua.