INTERNACIONALES

El gobierno de Nicaragua ha disuelto varias organizaciones religiosas en el país, intensificando las tensiones con la Iglesia Católica y otros grupos religiosos que han criticado abiertamente las políticas del presidente Daniel Ortega.

La medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, quienes consideran que la disolución de estas asociaciones es parte de una estrategia del gobierno para controlar y silenciar a la oposición religiosa y social.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua anunció la disolución de al menos 10 organizaciones religiosas acusadas de operar sin el debido registro legal y de tener vínculos con movimientos de oposición al gobierno.

Entre las organizaciones disueltas se encuentran grupos católicos, evangélicos y de otras denominaciones cristianas que habían expresado su desacuerdo con las políticas del régimen, especialmente en lo relacionado con las libertades religiosas y de expresión.

"El gobierno está utilizando la disolución de estas organizaciones para silenciar cualquier crítica religiosa. La Iglesia Católica ha sido un actor clave en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, y esta medida refleja la creciente represión contra quienes no se alinean con el régimen", declaró Marta González, defensora de derechos humanos y miembro de una organización religiosa afectada por la medida.

Las relaciones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica han sido tensas desde hace varios años, especialmente a raíz de las protestas de 2018, cuando la Iglesia desempeñó un papel destacado en la mediación de los diálogos entre la oposición y el gobierno tras la represión de manifestantes.

Desde entonces, el régimen ha acusado a la Iglesia de apoyar a la oposición y de conspirar contra el gobierno.

En los últimos meses, varios miembros del clero han sido objeto de amenazas y persecuciones, y algunos han tenido que abandonar el país por razones de seguridad. El gobierno ha cerrado diversas instituciones educativas y hospitales administrados por la Iglesia, y ha intensificado su control sobre las actividades religiosas en todo el territorio nacional.

La disolución de estas organizaciones ha generado una ola de condenas internacionales, especialmente de parte de organismos de derechos humanos y gobiernos de países occidentales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la violación de la libertad religiosa en Nicaragua, y varios países, incluidos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, han instado al gobierno de Ortega a respetar los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Nicaragua vive un clima de creciente represión política en los últimos años. El gobierno de Ortega ha sido acusado de restringir las libertades fundamentales, incluida la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. La Iglesia Católica, junto con otros sectores de la sociedad civil, ha sido una de las pocas voces críticas que quedan dentro del país.

El régimen de Ortega, por su parte, ha defendido las medidas como parte de una campaña para erradicar el "terrorismo" y las "acciones desestabilizadoras", acusando a los opositores de recibir financiamiento de fuentes extranjeras para socavar al gobierno.

Con la disolución de estas organizaciones religiosas, se espera que la tensión entre la Iglesia Católica y el gobierno continúe creciendo. Los líderes religiosos y las organizaciones de derechos humanos han indicado que se movilizarán en busca de apoyo internacional para frenar la represión religiosa en Nicaragua, pero las perspectivas de un cambio inmediato parecen limitadas, dadas las restricciones a la libertad de acción dentro del país.