INTERNACIONALES

En el marco de un proceso de profundas reformas constitucionales, el Parlamento de Nicaragua, bajo el control del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, aprobó una enmienda que prohíbe la doble nacionalidad para los nicaragüenses de nacimiento. Esta reforma se suma a otras modificaciones que han concentrado el poder en el Ejecutivo y han generado rechazo internacional por socavar la democracia y los derechos humanos en el país.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma parcial a la Constitución Política que establece que los nicaragüenses de nacimiento perderán su nacionalidad al adquirir otra ciudadanía.

La enmienda, impulsada con carácter urgente por los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobada de forma rápida y unánime por los 91 diputados del Parlamento durante una sesión especial celebrada en el municipio de Niquinohomo, coincidiendo con el 130 aniversario del natalicio del héroe nacional Augusto C. Sandino.

Según el artículo 23 reformado, los extranjeros podrán ser nacionalizados previa renuncia a su nacionalidad originaria, mientras que los centroamericanos residentes en Nicaragua podrán optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a la suya. Sin embargo, el nuevo artículo 25 establece que la nacionalidad nicaragüense se perderá en el momento de adquirir otra nacionalidad.

Ortega y Murillo justificaron la reforma argumentando que la nacionalidad es un “pacto sagrado de lealtad” y que no puede haber doble fidelidad, ya que “la patria exige compromiso exclusivo”. Señalaron que esta medida busca evitar que la ciudadanía sea “instrumentalizada por intereses foráneos o contradictorios” y reafirma el compromiso con la independencia y soberanía nacional.

El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, calificó la reforma como “absolutamente democrática” y destacó que fue una tarea encomendada directamente por Ortega y Murillo.

Para que esta reforma entre en vigor, debe ser aprobada nuevamente en la próxima legislatura en 2025.

Esta reforma es parte de un amplio paquete constitucional aprobado en febrero de 2025 que transformó radicalmente el Estado nicaragüense, eliminando el equilibrio de poderes y otorgando un poder casi total al Ejecutivo. Estas reformas, que incluyen la creación de “copresidentes” y fuerzas paramilitares, han sido duramente criticadas por la ONU, la OEA, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y grupos opositores, que denuncian la consolidación de un régimen autoritario.

Daniel Ortega, en el poder desde 2007, y su esposa Rosario Murillo, que comparte el poder desde 2017, han sido acusados de fraude electoral y de suprimir la oposición política para perpetuarse en el gobierno.