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Nepal atraviesa su tercer día consecutivo de vacío de poder tras la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli, provocada por protestas juveniles que dejaron al menos 51 muertos y más de mil heridos. La crisis política se mantiene sin solución, con negociaciones estancadas entre el movimiento juvenil, el Parlamento y la Presidencia.

El presidente de la Cámara de Representantes, Devaraj Ghimire, y el titular de la Asamblea Nacional, Narayan Dahal, emitieron un comunicado conjunto recordando que la salida a la crisis debe respetar la Constitución y el Estado de derecho. Instaron al presidente Ram Chandra Poudel a liderar un consenso que preserve la soberanía, las libertades civiles y la unidad nacional.

Paralelamente, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil presionan por un gobierno civil no partidista, mientras que 65 colectivos firmaron un manifiesto solicitando un papel más activo del presidente en la transición. Sin embargo, sectores del movimiento juvenil piden no solo la disolución del Parlamento, sino también una reforma profunda de la Constitución, intensificando la tensión política.

La Constitución nepalí establece que solo un miembro del Parlamento puede ser designado primer ministro, lo que deja fuera a figuras populares del movimiento juvenil como la exjueza Sushila Karki o el alcalde de Katmandú, Balendra Shah.

Por ello, las conversaciones entre jóvenes, Ejército y Presidencia no han logrado nombrar un gobierno interino de consenso.

Los partidos tradicionales, como el Congreso Nepalí y el UML, buscan participar en un Ejecutivo provisional, pero su inclusión es rechazada por los jóvenes, quienes temen que la clase política tradicional perpetúe la corrupción que desencadenó las protestas.

El Ejército ha respaldado al movimiento juvenil como garante de la seguridad, sin embargo, crecen los temores en Katmandú de que, ante la prolongación del vacío político, la institución militar pueda asumir un gobierno interino de facto.

Las manifestaciones se desencadenaron tras el bloqueo de 26 redes sociales el 4 de septiembre, en un contexto de hartazgo ciudadano contra una clase política percibida como ineficiente y corrupta.

Los enfrentamientos alcanzaron su punto crítico cuando grupos de manifestantes incendiaron edificios del Parlamento, Tribunal Supremo y oficinas presidenciales, además de atacar residencias de dirigentes políticos.

Desde la dimisión de Oli, Katmandú intenta recuperar la normalidad con la reapertura parcial de fronteras y tráfico, aunque los edificios calcinados y el recuerdo de la violencia reflejan la magnitud del estallido social.