INTERNACIONALES

El gobierno del presidente Javier Milei decidió retirar acreditaciones de prensa a varios medios y periodistas, señalados de estar vinculados a una presunta campaña de desinformación, lo que ha generado una nueva controversia sobre la relación entre el Ejecutivo y la prensa.

La medida se produce tras la divulgación de una investigación que apunta a una red internacional, supuestamente vinculada a intereses rusos, que habría difundido contenidos manipulados en medios digitales argentinos con el objetivo de influir en la opinión pública.

En ese marco, la administración de Milei determinó revocar permisos de acceso a espacios oficiales como la Casa Rosada y el Congreso a periodistas de distintos medios, argumentando la necesidad de proteger la institucionalidad frente a operaciones informativas irregulares.

La decisión afectó a comunicadores de plataformas reconocidas, quienes denunciaron que la medida se aplicó sin notificaciones formales claras y la calificaron como un acto de censura. Algunos periodistas aseguraron que fueron impedidos de ingresar a dependencias oficiales tras aparecer en listados internos.

Desde el oficialismo, la acción es defendida como parte de una estrategia para frenar campañas de desinformación que, según sostienen, buscan desestabilizar al gobierno. Sin embargo, sectores políticos y organizaciones vinculadas a la libertad de prensa han cuestionado la medida, advirtiendo sobre posibles restricciones al ejercicio periodístico.

El episodio se suma a un clima de tensión persistente entre la administración argentina y los medios de comunicación, marcado por acusaciones cruzadas sobre manipulación informativa, control del discurso público y límites a la labor periodística.

Mientras tanto, el debate sigue abierto en Argentina sobre el equilibrio entre combatir la desinformación y garantizar el acceso libre a la información, en un contexto donde la polarización política continúa en aumento.