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Marruecos volvió a reclamar a España que acelere el retorno de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en Ceuta, en medio de la crisis migratoria registrada en la ciudad autónoma durante las últimas semanas. Rabat sostiene que deben superarse los obstáculos administrativos y judiciales para facilitar su regreso.

La situación se originó tras la llegada masiva de personas a Ceuta desde territorio marroquí.

Entre quienes ingresaron se encuentran numerosos menores que quedaron bajo protección de las autoridades españolas mientras se determina su situación individual.

Según información publicada este miércoles, 1,527 menores permanecen en Ceuta, muchos de ellos en condiciones de acogida que han generado una fuerte presión sobre los servicios de la ciudad. La repatriación se ha convertido en uno de los principales puntos de discusión entre Madrid y Rabat.

Las autoridades marroquíes han insistido en que España debe avanzar con mayor rapidez en los procedimientos para permitir el regreso de los menores a su país de origen. Rabat considera que existen mecanismos de cooperación bilateral que pueden facilitar ese proceso.

Sin embargo, la devolución no puede ejecutarse de manera automática. La legislación española establece que la situación de cada menor debe ser examinada individualmente y que cualquier decisión debe tomar como referencia su interés superior, además de respetar las garantías establecidas por la normativa nacional e internacional.

España y Marruecos cuentan desde 2007 con un acuerdo específico sobre cooperación para prevenir la migración irregular de menores no acompañados, protegerlos y facilitar su retorno concertado. El convenio contempla el regreso a sus familias o a instituciones de protección en Marruecos, siempre dentro del marco legal correspondiente.

La experiencia de años anteriores demuestra que el asunto puede generar controversias jurídicas. En 2021, el Tribunal Supremo español cuestionó la devolución de menores realizada sin procedimientos individualizados, al considerar que debían respetarse las garantías previstas por la legislación española.

Por ahora, Marruecos mantiene su petición de acelerar las repatriaciones, mientras España deberá continuar con los procedimientos establecidos para determinar qué menores pueden regresar y bajo qué condiciones, con la protección de sus derechos como elemento central del proceso.