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Macrojuicio en El Salvador: más de 400 líderes de MS-13 ante la justicia
El juicio se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, basada en un régimen de excepción vigente desde 2022, que permitió detenciones masivas y reformas legales para procesar a grupos completos de pandillas.
21 de abril de 2026
El sistema judicial salvadoreño inició una macroaudiencia contra más de 400 presuntos cabecillas de la pandilla MS-13, en uno de los procesos más grandes registrados en el país contra estructuras criminales de alto nivel.
El juicio se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, basada en un régimen de excepción vigente desde 2022, que permitió detenciones masivas y reformas legales para procesar a grupos completos de pandillas.
Estas modificaciones legales introdujeron la figura de audiencias colectivas, lo que permite juzgar a decenas o incluso cientos de acusados en un mismo proceso, especialmente a estructuras jerárquicas como la denominada “ranfla”, integrada por líderes históricos de la Mara Salvatrucha.
La MS-13, considerada una de las organizaciones criminales más violentas de la región, ha sido señalada por delitos como homicidios, extorsión, tráfico de armas y desapariciones, con fuerte presencia territorial en el país durante años.
Según información de la Fiscalía, este proceso agrupa a cientos de acusados vinculados a la estructura de mando de la pandilla, a quienes se les atribuyen miles de delitos cometidos en más de una década.
Entre estos figuran asesinatos, feminicidios y otras actividades ilícitas que habrían sido ordenadas desde niveles superiores de la organización.
El juicio se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y con acceso limitado a la prensa, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. Aun así, las autoridades sostienen que se trata de un paso histórico para desarticular las redes criminales y llevar ante la justicia a quienes dirigieron las operaciones delictivas.
La macroaudiencia también permite mantener abierto el caso para incorporar nuevos imputados conforme avancen las investigaciones, consolidando un modelo judicial que busca procesar de forma integral a las pandillas.
Mientras el Gobierno defiende la ofensiva como clave para reducir la violencia, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles vulneraciones al debido proceso en este tipo de juicios masivos, lo que mantiene abierto el debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías legales.