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El Senado de México aprobó una reforma constitucional que permitirá crear una ley general en materia de feminicidio, con el objetivo de establecer criterios únicos en todo el país para investigar, sancionar y prevenir este delito.

La iniciativa, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca eliminar las diferencias legales entre estados que han dificultado la correcta clasificación y persecución de los casos.

Actualmente, el tratamiento del feminicidio varía según la entidad, lo que ha generado vacíos legales y niveles de impunidad en la investigación de estos crímenes. La nueva normativa pretende homologar las reglas y garantizar una respuesta más uniforme del sistema judicial.

El tema cobra relevancia en un país donde la violencia contra las mujeres sigue siendo crítica, con múltiples casos que han generado presión social para fortalecer las leyes y mejorar la procuración de justicia.

La reforma otorga al Congreso mexicano la facultad de emitir una legislación nacional que defina de manera clara el delito de feminicidio, así como sus sanciones y agravantes, aplicables en todo el territorio.

Entre los objetivos principales está evitar que los casos sean reclasificados como homicidios comunes, lo que históricamente ha limitado el acceso a justicia para las víctimas y sus familias. Además, se busca fortalecer los protocolos de investigación desde el primer momento en que se reporta una muerte violenta de una mujer.

La medida también apunta a mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, estableciendo lineamientos claros para la atención integral de este tipo de delitos y la reparación del daño.

Con esta reforma, México da un paso hacia la unificación de criterios legales en la lucha contra la violencia de género, aunque especialistas advierten que su efectividad dependerá de la correcta aplicación y del fortalecimiento institucional en todo el país.