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México endurece penas contra feminicidio
La propuesta contempla penas más severas que podrían alcanzar hasta 70 años de prisión, además de la incorporación de múltiples agravantes para castigar con mayor rigor los casos en que existan condiciones de vulnerabilidad en las víctimas.
25 de marzo de 2026
El Gobierno de México presentó una iniciativa de alcance federal orientada a reforzar el castigo contra el feminicidio, con el objetivo de unificar criterios legales y aumentar las sanciones para este delito en todo el país.
El feminicidio es considerado una de las formas más extremas de violencia de género y ha sido un problema persistente en México, donde aunque existe legislación desde 2012, la aplicación y tipificación del delito varía entre estados.
La propuesta contempla penas más severas que podrían alcanzar hasta 70 años de prisión, además de la incorporación de múltiples agravantes para castigar con mayor rigor los casos en que existan condiciones de vulnerabilidad en las víctimas.
Entre los elementos incluidos en la iniciativa se establecen criterios claros para identificar el feminicidio, definidos a partir de razones de género como antecedentes de violencia, signos de abuso, relaciones de poder o la exposición del cuerpo de la víctima.
El proyecto también plantea que el delito sea perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia, y que los responsables pierdan derechos legales relacionados con la víctima, como la patria potestad o beneficios sucesorios.
Autoridades mexicanas señalaron que la intención es cerrar brechas legales entre estados y garantizar una respuesta uniforme frente a este tipo de violencia, fortaleciendo la capacidad institucional para investigar, sancionar y reparar el daño causado.
En los últimos años, el incremento de casos y la presión social han impulsado reformas legales más estrictas, buscando reducir la impunidad y garantizar justicia para las víctimas.
Sin embargo, especialistas advierten que el desafío no solo es endurecer las penas, sino asegurar su correcta aplicación y fortalecer los mecanismos de prevención.
La nueva iniciativa se enmarca en una agenda más amplia del gobierno mexicano para combatir la violencia contra las mujeres y avanzar hacia un sistema de justicia con enfoque de género a nivel nacional.