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Las operaciones contra el crimen organizado en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México, se mantienen como parte de una estrategia federal enfocada en desarticular células delictivas vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos de alto impacto. La región ha sido escenario de disputas entre grupos criminales que buscan control territorial, lo que ha motivado despliegues constantes de fuerzas de seguridad.

Autoridades mexicanas informaron la detención de once presuntos integrantes de organizaciones criminales durante una serie de operativos realizados en distintos puntos del estado de Sinaloa.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las acciones fueron ejecutadas de manera coordinada entre fuerzas federales y estatales, como parte de los esfuerzos para debilitar estructuras delictivas que operan en la región y que están vinculadas a actividades como el narcotráfico, la portación ilegal de armas y el tráfico de equipo táctico.

Los operativos se desarrollaron en municipios como Culiacán, Mocorito, El Rosario y Mazatlán, donde las autoridades realizaron cateos e intervenciones que permitieron la captura de los sospechosos y el aseguramiento de un importante arsenal.

Entre lo decomisado se reportan armas largas y cortas, cargadores, municiones, chalecos antibalas, placas balísticas, vehículos y otros equipos utilizados presuntamente por las células criminales para sus actividades ilícitas.

En uno de los casos, las fuerzas de seguridad señalaron la detención de un presunto líder regional de una de las organizaciones delictivas que operan en la zona, lo que representa un golpe a las estructuras de mando de estos grupos.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales y disminuir los niveles de violencia en el estado, considerado uno de los puntos más sensibles en materia de seguridad en el país.

El Gobierno federal reiteró que continuará reforzando la presencia de fuerzas de seguridad en Sinaloa y otras entidades afectadas por la actividad del crimen organizado, con el objetivo de recuperar el control territorial y garantizar la seguridad de la población.