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Miles de ciudadanos de Uruapan, en el estado mexicano de Michoacán, salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, quien fue atacado a balazos durante un acto público la noche del sábado, mientras participaba en el Festival de Velas, una de las celebraciones más tradicionales de la región en el marco de la Noche de Muertos.

El crimen desató una fuerte ola de indignación en la ciudad. En medio del dolor, familiares, amigos y simpatizantes acompañaron el féretro del edil en un emotivo cortejo fúnebre que recorrió las principales calles hasta la plaza central. Durante el trayecto, los asistentes lanzaron consignas como “¡Fuera Claudia!” y “¡Queremos justicia!”, responsabilizando a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum por la falta de seguridad y el incremento de la violencia en el país.

Las protestas no solo reflejan el duelo por la pérdida del alcalde, sino también un creciente hartazgo social ante los crímenes políticos que han golpeado con fuerza a Michoacán, uno de los estados más afectados por la presencia del crimen organizado.

Según informes oficiales, Manzo recibió seis impactos de bala durante el ataque. Su equipo de seguridad logró abatir a uno de los agresores, mientras que otros dos fueron capturados. A pesar de que el edil contaba con protección federal y municipal desde 2024, la emboscada fue ejecutada con precisión, lo que ha generado cuestionamientos sobre las fallas en los protocolos de seguridad.

Durante la ceremonia fúnebre, su viuda pronunció un discurso cargado de emoción y resignación: “Hoy no solo murió él; murieron dos. Que esta tragedia sirva para que nunca más un hijo, una madre o una esposa tengan que llorar por culpa de la violencia”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las investigaciones continúan y prometió que no habrá impunidad, aunque no detalló avances significativos en la identificación de los autores intelectuales del crimen.

Por su parte, Sheinbaum condenó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia del alcalde. “No descansaremos hasta que se haga justicia. Estos hechos no pueden repetirse en un México que busca la paz”, declaró la mandataria. Sin embargo, los reclamos en Uruapan se mantienen y los manifestantes han pedido incluso su renuncia, acusando al gobierno federal de no garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Uruapan es el segundo municipio más importante de Michoacán y una de las zonas más afectadas por la violencia derivada de las disputas entre cárteles. En los últimos años, alcaldes, funcionarios locales y aspirantes políticos han sido víctimas de homicidios que evidencian el deterioro del orden público.

El caso de Carlos Manzo se suma a una larga lista de asesinatos políticos ocurridos en México en lo que va de la década. Diversas organizaciones civiles han advertido que el país enfrenta una crisis de violencia institucional donde la corrupción y la impunidad dificultan el acceso a la justicia.

El clamor popular en Uruapan no solo busca esclarecer el crimen del alcalde, sino también exigir un cambio profundo en las políticas de seguridad. La comunidad, entre el miedo y la indignación, resume su sentimiento en una sola consigna que resonó durante el funeral: “Ni uno más”.