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La comunidad de Los Ángeles mantuvo este domingo su firme resistencia en defensa de los inmigrantes indocumentados, pese a las amenazas del gobierno de Donald Trump de intensificar las redadas migratorias y la presencia militar en la ciudad.

Por tercer día consecutivo, miles de personas se congregaron en el centro de Los Ángeles para manifestarse contra las redadas masivas ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que hasta ahora han dejado más de 100 arrestos y un ambiente de alta tensión debido a la militarización de la ciudad.

La situación escaló cuando Trump ordenó el despliegue de 2,000 soldados de la Guardia Nacional para proteger el edificio federal de inmigración en la zona céntrica, una medida que ignoró la autoridad del gobernador de California, Gavin Newsom, en una acción sin precedentes en seis décadas.

Durante las protestas, los manifestantes se enfrentaron con la policía y con unos doscientos soldados, recriminándolos con consignas como «deberían darles vergüenza», acusándolos de traicionar a la comunidad migrante. En respuesta, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) declaró la manifestación una «asamblea ilegal», lo que derivó en bloqueos de la Autopista 101 y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

El presidente Trump justificó el despliegue militar como una medida necesaria para restaurar el orden y calificó a Los Ángeles como una ciudad «invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales», reforzando su postura de continuar con las deportaciones.

Por su parte, las autoridades locales demócratas —el gobernador Newsom y la alcaldesa Karen Bass— condenaron la intervención federal, acusándola de violar la soberanía estatal y responder a intereses políticos más que a motivos de seguridad pública. Newsom solicitó formalmente la retirada de las tropas y amenazó con presentar una demanda si no se cumplen sus exigencias. Bass pidió a los manifestantes mantener la protesta pacífica y alertó sobre los riesgos de violencia que podrían aprovecharse políticamente.

Aunque la manifestación transcurrió en relativa calma durante el día, se reportaron enfrentamientos aislados entre jóvenes encapuchados y la policía, con actos vandálicos que incluyeron la destrucción e incendio de vehículos policiales y taxis autónomos. El jefe de policía Jim McDonnell aclaró que quienes generaron violencia no eran los mismos manifestantes pacíficos y los identificó como «anarquistas» conocidos por sus actos disruptivos.

El escenario político y social en Los Ángeles sigue siendo tenso, con nuevas manifestaciones programadas para exigir el fin de restricciones migratorias y la liberación de un líder sindical detenido en recientes redadas. La comunidad sigue firme en su defensa de los derechos de los migrantes frente a la represión y la militarización, en un pulso abierto entre autoridades federales y estatales que pone en jaque la gobernabilidad local.