Liberan en EEUU a salvadoreño tras detención migratoria irregular
12 de diciembre de 2025
Un juez federal de Estados Unidos ordenó la liberación de Kilmar Ábrego García, el ciudadano salvadoreño que estaba detenido en un centro migratorio en Pensilvania, en un caso que ha puesto de relieve las tensiones en torno a las políticas migratorias del gobierno estadounidense.
La decisión fue emitida por la magistrada Paula Xinis, del distrito de Maryland, quien determinó que la detención de Ábrego García carecía de fundamento legal, ya que no existía una orden de expulsión válida para justificar su custodia en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Ábrego García, residente en Maryland donde vive con su familia, fue deportado previamente a El Salvador en marzo, pese a una orden judicial que le prohibía ser expulsado a su país por los riesgos que enfrentaba, incluidos alegados vínculos con pandillas que él y sus abogados han negado.
Tras la deportación irregular, que lo llevó a ser recluido en la prisión de máxima seguridad CECOT, tribunales estadounidenses ordenaron su retorno al país en junio de este año.
Tras su regreso, Ábrego fue detenido nuevamente y trasladado al Centro de Procesamiento Moshannon Valley en Pensilvania mientras las autoridades intentaban procesar su deportación a un tercer país africano, debido a que las legislaciones actuales impedían enviarlo otra vez a El Salvador.
La liberación se produjo luego de que la jueza Xinis concluyera que Ábrego había permanecido bajo custodia con el supuesto propósito de una expulsión que no contaba con base legal, lo que invalidaba su detención.
La orden judicial exige que sea puesto en libertad de inmediato, aunque permanece sujeto a un proceso legal por cargos federales, incluido uno por tráfico de personas que él y su defensa rechazan.
El caso ha generado atención mediática e intensas reacciones entre defensores de inmigrantes y críticos de las políticas de deportación, al considerarse un ejemplo de potencial abuso de autoridad en la aplicación de leyes migratorias.
El Gobierno estadounidense ha expresado su intención de apelar la decisión judicial, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos procedimientos legales en los próximos meses.
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