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La Corte Suprema de Brasil concluyó este martes la fase de interrogatorios a los ocho principales acusados de planear un golpe de Estado para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro. La ronda, inicialmente prevista para cinco días, finalizó en solo dos extensas sesiones entre lunes y martes.

El proceso judicial contra Bolsonaro y sus principales aliados por la presunta trama golpista es uno de los más delicados en la historia reciente de Brasil. Tiene lugar tras los disturbios del 8 de enero de 2023, que evocaron el asalto al Capitolio en EE. UU., y pone en juego la rendición de cuentas de altos funcionarios por actos que pudieron poner en riesgo el orden democrático. El caso también sienta un precedente sobre el papel de las Fuerzas Armadas y el poder político en momentos de transición democrática.

El ex mandatario junto a exministros, jefes militares y su exedecán, fue interrogado por jueces del Supremo Tribunal Federal, el Fiscal General y sus propios abogados. Todos están imputados por delitos como intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho, daño al patrimonio público y organización criminal armada.

Tras el interrogatorio al general retirado Walter Braga Neto, excompañero de fórmula de Bolsonaro, el juez instructor Alexandre de Moraes dio por concluida esta etapa del proceso. Además, revocó una orden previa que prohibía el contacto entre los acusados y abrió un plazo de cinco días para que las defensas soliciten diligencias adicionales. Una vez cerrado ese plazo, comenzarán los alegatos finales antes de la sentencia, que podría conocerse entre octubre y noviembre. Las penas, en caso de culpabilidad, oscilarían entre 12 y 40 años de prisión.

Entre los acusados también figuran el excomandante de la Marina Almir Garnier, los exministros Anderson Torres (Justicia), Augusto Heleno (Seguridad Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (Defensa), Walter Braga Neto (Presidencia), y el diputado Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia.

La Fiscalía basa su caso en diversas pruebas, incluido un borrador de decreto para declarar el estado de sitio y la confesión del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien podría recibir beneficios por colaborar con la Justicia.

Según la acusación, los ocho acusados participaron en una trama golpista tras la derrota electoral de Bolsonaro en 2022, que culminó con el violento asalto del 8 de enero de 2023 a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, protagonizado por simpatizantes del exmandatario.

Durante su declaración, Bolsonaro negó haber intentado un quiebre democrático y afirmó que nunca contempló acciones al margen de la Constitución, aunque admitió haber considerado “alternativas” ante lo que él calificó como fraude electoral. También desmintió haber propuesto declarar estado de sitio o intervenir la justicia electoral, contradiciendo testimonios de testigos y otros acusados.