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La justicia argentina procesó al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción vinculados a la contratación de seguros desde el Estado, que habrían beneficiado al esposo de su secretaria privada.

El juez Sebastián Casanello imputó a Fernández bajo el cargo de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, delito penado en Argentina con prisión de uno a seis años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Junto al exmandatario, fueron procesadas otras 33 personas involucradas en la causa.

El fallo indica que en 2021 Fernández firmó un decreto que obligaba a las entidades públicas a contratar los servicios de Nación Seguros, empresa vinculada al Banco Nación, lo que habría beneficiado al bróker Héctor Martínez Sosa, esposo de María Cantero, asistente privada del expresidente.

Además del procesamiento, el juez embargó a Fernández por un monto equivalente a 14.634 millones de pesos argentinos (unos 11,6 millones de dólares). También fueron procesados Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionaria; Martínez Sosa como partícipe necesario del delito; y el exjefe de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por administración fraudulenta agravada.

La causa se inició tras una denuncia en febrero de 2024 de la abogada Silvina Martínez, quien acusó a Fernández de violar deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.

La denuncia se centra en el decreto 831 firmado en diciembre de 2021, que estableció la obligatoriedad de contratar seguros con Nación Seguros, presuntamente beneficiando a amigos del expresidente como intermediarios, quienes cobraron millonarias comisiones.

Este proceso judicial representa un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en Argentina y pone bajo la lupa las acciones administrativas durante la gestión de Fernández.