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Jueza prohíbe redadas migratorias por perfil racial en California

La medida surge tras una demanda presentada por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, marcando un nuevo revés judicial para las políticas migratorias de Trump en medio de crecientes tensiones en torno a la migración en EE.UU.

12 de julio de 2025

La jueza federal Maame Frimpong ordenó a la administración del presidente Donald Trump detener las redadas migratorias indiscriminadas y basadas en perfil racial que se estaban ejecutando en el sur de California, especialmente en la zona metropolitana de Los Ángeles.

 

Una jueza federal en California ordenó frenar las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump en el sur del estado, luego de denuncias por detenciones basadas en perfil racial. La medida surge tras una demanda presentada por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, marcando un nuevo revés judicial para las políticas migratorias de Trump en medio de crecientes tensiones en torno a la migración en EE.UU.

 

La decisión judicial responde a una demanda interpuesta la semana pasada por personas afectadas por los operativos y por organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal). La demanda denuncia violaciones constitucionales en las que agentes de inmigración detuvieron a personas por el color de su piel, idioma, lugar de trabajo o simplemente por estar en áreas como estaciones de autobús o lavaderos de autos.

 

En su fallo, la jueza Frimpong prohíbe expresamente a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizar detenciones sin una sospecha razonable, y ordena que no se tomen en cuenta factores como el hablar español, el tipo de empleo o la presencia en ciertos lugares como criterios para arrestos.

 

La magistrada también ordenó al gobierno de Trump garantizar el acceso a abogados para los migrantes detenidos, incluso durante fines de semana y feriados, en el centro de detención del edificio federal B-18 en el centro de Los Ángeles.

 

Las redadas comenzaron hace un mes y han sido ampliamente criticadas tras la difusión de videos donde hombres enmascarados, con chalecos de la Patrulla Fronteriza, irrumpieron con violencia en lugares de trabajo y realizaron detenciones sin identificarse plenamente. Uno de los operativos más polémicos ocurrió el 22 de junio, cuando varios trabajadores fueron arrestados violentamente en una zona industrial. Testigos aseguran que los agentes ingresaron a zonas privadas y restringidas, y usaron fuerza excesiva.

 

El DHS rechazó las acusaciones y las calificó como “repugnantes y categóricamente falsas”. No obstante, los testimonios y pruebas presentadas llevaron a la jueza a emitir las restricciones judiciales de forma inmediata.

 

“Sin importar el color de su piel, el idioma que hablen o dónde trabajen, todos tienen garantizados los derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, declaró Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, tras conocerse el fallo.

 

Esta decisión representa una importante victoria legal para los defensores de derechos migrantes y convierte a California nuevamente en un bastión de resistencia contra las políticas migratorias del presidente Trump.

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