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Jueza frena suspensión de visas para 75 países
El fallo también cuestionó que se hubieran rechazado solicitudes de personas que cumplían los requisitos migratorios y que podían demostrar que no representarían una carga para el Estado estadounidense.
24 de agosto de 2026
Una jueza federal de Estados Unidos dejó sin efecto la política de la administración del presidente Donald Trump que había suspendido desde enero la tramitación de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, al considerar que la medida excedió las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio.
La decisión fue emitida por Jeannette Vargas, jueza del Distrito Sur de Nueva York, quien determinó que la política no podía utilizar la nacionalidad de los solicitantes como criterio general para bloquear sus trámites. El fallo también cuestionó que se hubieran rechazado solicitudes de personas que cumplían los requisitos migratorios y que podían demostrar que no representarían una carga para el Estado estadounidense.
La suspensión había sido implementada a comienzos de 2026 por el Departamento de Estado. La Administración Trump argumentó que buscaba evitar que determinados inmigrantes terminaran dependiendo de programas de asistencia pública en Estados Unidos.
Sin embargo, la jueza Vargas concluyó que la legislación migratoria estadounidense exige que las solicitudes sean examinadas de manera individual y que la decisión de suspenderlas de forma general para ciudadanos de determinados países excedió la autoridad conferida al secretario de Estado.
Entre los países afectados figuraban Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, además de naciones de África, Asia, Medio Oriente y otras regiones. La medida se aplicaba específicamente a visas de inmigrante destinadas a personas que buscan establecer su residencia permanente en Estados Unidos.
El caso llegó a los tribunales después de que varios solicitantes y ciudadanos estadounidenses cuestionaran las consecuencias de la política. Entre los demandantes estuvieron profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas y ciudadanos estadounidenses que denunciaron afectaciones para familiares que buscaban emigrar legalmente al país.
La sentencia representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias impulsadas por Trump y abre la posibilidad de que solicitudes afectadas por la suspensión sean revisadas bajo los procedimientos establecidos por la legislación estadounidense.
Por ahora, el Departamento de Estado no ha emitido una reacción detallada sobre el fallo.
Un portavoz indicó que la dependencia no suele pronunciarse sobre litigios pendientes, aunque defendió la política de la Administración y sus estándares de evaluación de los solicitantes.
La decisión podría tener consecuencias para miles de personas que quedaron atrapadas por la suspensión y que buscaban reunirse con familiares o establecerse legalmente en Estados Unidos. El Gobierno estadounidense todavía podría recurrir la resolución ante una instancia superior.