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Una jueza federal de Maryland bloqueó temporalmente la más reciente iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para restringir la ciudadanía por nacimiento, al considerar que la medida probablemente contradice la Constitución y una reciente decisión de la Corte Suprema. El fallo representa un nuevo revés judicial para la política migratoria impulsada por el mandatario.

La disputa gira en torno a la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, que establece la ciudadanía para las personas nacidas o naturalizadas en territorio estadounidense y sujetas a su jurisdicción. En junio, la Corte Suprema rechazó el intento inicial de Trump de eliminar de manera amplia la ciudadanía automática para hijos de padres que no fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

La jueza federal Deborah L. Boardman emitió una orden preliminar que impide al Gobierno aplicar el nuevo decreto contra el grupo de menores contemplado en una demanda colectiva presentada por familias inmigrantes y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

La nueva orden ejecutiva, firmada por Trump el 6 de agosto, buscaba establecer restricciones más específicas, particularmente en casos relacionados con el denominado “turismo de nacimiento”. También contemplaba situaciones vinculadas con hijos de determinados extranjeros y personas consideradas “enemigos extranjeros”.

Boardman sostuvo que la nueva medida enfrenta serios problemas constitucionales porque la Corte Suprema ya determinó que los menores incluidos en la demanda tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos desde su nacimiento. La magistrada remarcó que una orden presidencial no puede dejar sin efecto una decisión del máximo tribunal.

El Gobierno de Trump, sin embargo, defiende la legalidad de la iniciativa y sostiene que fue diseñada tomando en cuenta el fallo de la Corte Suprema. El fiscal general Todd Blanche afirmó que la administración continuará defendiendo su posición y que el caso podría regresar al máximo tribunal del país.

La decisión judicial mantiene abierta una batalla que se ha convertido en uno de los principales frentes legales de la agenda migratoria de Trump. Organizaciones de inmigrantes consideran que restringir la ciudadanía por nacimiento afectaría especialmente a familias cuyos hijos nacen en Estados Unidos mientras sus padres se encuentran bajo diferentes categorías migratorias.

Por ahora, la ciudadanía por nacimiento continúa protegida para los menores incluidos en la acción colectiva, mientras avanza el proceso judicial. El nuevo fallo también deja entrever que la controversia podría terminar nuevamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se definirá el alcance de las medidas impulsadas por la administración Trump.