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Jueza apoya a Trump en el uso de ley de guerra para expulsar migrantes
Una jueza respalda a Donald Trump en el uso de una ley de guerra para expulsar a migrantes
14 de mayo de 2025
El Gobierno de Donald Trump recibió este martes un importante respaldo judicial cuando la jueza federal Stephanie Haines, del distrito oeste de Pensilvania, apoyó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 que tradicionalmente ha sido aplicada en tiempos de guerra, para expulsar a migrantes de Estados Unidos. Esta es la primera vez que un tribunal se pronuncia a favor de la administración republicana en relación con la aplicación de esta ley para deportar a migrantes, en su mayoría venezolanos.
La jueza concluyó que el Ejecutivo puede seguir con la expulsión de migrantes siempre que se les notifique con al menos 21 días de anticipación y se les otorgue un debido proceso. Además, Haines validó la justificación del Gobierno de EEUU, señalando que el Departamento de Estado ha identificado al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional originaria de Venezuela, como una amenaza para la seguridad pública estadounidense.
Esta decisión es una victoria para la Administración Trump, que argumenta que el Tren de Aragua representa una grave amenaza, aunque varios informes, incluido un análisis de Bloomberg, sugieren que la mayoría de los migrantes deportados no tienen antecedentes penales.
A pesar de este fallo, varios jueces en otros estados, como Texas y Nueva York, han fallado en contra de la implementación de esta ley. La decisión judicial podría no ser definitiva, ya que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha pedido que el Supremo de EEUU intervenga para determinar la constitucionalidad de estas deportaciones.
El caso está relacionado con el traslado de más de 230 migrantes, principalmente venezolanos, a la megacárcel de El Salvador conocida como CECOT, donde han surgido múltiples denuncias sobre abusos a los derechos humanos. Estados Unidos y El Salvador han llegado a un acuerdo para enviar migrantes detenidos al CECOT, por el que Washington pagará seis millones de dólares anuales para el mantenimiento de este sistema carcelario.
El Tribunal Supremo de EEUU ya ha emitido una prohibición provisional sobre la continuación de estas deportaciones mientras se resuelven las demandas legales en contra de esta práctica.