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Un juez mexicano concedió una suspensión provisional del proceso penal a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), acusado de omisión en el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, que provocó la muerte de 40 migrantes. de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador.

La decisión judicial establece que Garduño deberá cumplir diversas medidas cautelares durante los próximos 18 meses, incluyendo:

Mantener una residencia fija.

Ofrecer una disculpa pública.

Completar cursos sobre derechos humanos y protección civil.

Garantizar indemnizaciones a las familias de las víctimas.

Realizar supervisiones trimestrales en los centros de detención migratoria.

El fallo ha generado indignación entre las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos, quienes lo calificaron como un precedente alarmante de impunidad.

Yesenia Valdez, abogada de los familiares de las víctimas, expresó su rechazo a la resolución. “Esto establece un terrible precedente, porque significa que un funcionario de este nivel puede cometer un delito y la responsabilidad recae en el Estado”, declaró.

Valdez también cuestionó el sistema judicial mexicano, señalando que buscar justicia en casos como este es “como buscar una aguja en un pajar”. Asimismo, asegura que se presentarán recursos legales para revertir la decisión.

La noche del 27 de marzo de 2023, un incendio provocado por dos migrantes venezolanos dentro de una celda sellada de la estación migratoria de Ciudad Juárez resultó en la muerte de 40 personas por asfixia en menos de tres minutos. Garduño fue acusado de omitir medidas preventivas que pudieron haber evitado el desastre.

A pesar de estas acusaciones, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decidió mantener a Garduño en su puesto, aunque en diciembre de 2023 anunció una reforma al INM sin ofrecer detalles específicos.

Organizaciones civiles han denunciado irregularidades en el proceso contra Garduño y lo han acusado de eludir su responsabilidad penal. Además, señalaron que esta resolución refuerza la “maquinaria de impunidad” que perpetúa violaciones graves de derechos humanos en México.

El caso también ocurre en un contexto de creciente presión migratoria. México registró un récord de más de 925.000 migrantes irregulares entre enero y agosto de 2024, un aumento interanual del 132 %, según datos oficiales. Mientras tanto, el Gobierno mexicano defiende su estrategia, citando una reducción del 75 % en el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos desde diciembre de 2023.

Familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos han pedido que se garantice justicia en este caso y que no se perpetúe la impunidad en tragedias vinculadas a políticas migratorias y negligencias institucionales. La resolución provisional sobre Garduño ha reabierto el debate sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de los migrantes y la necesidad de reformar profundamente el sistema migratorio mexicano.