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Un juez federal de Estados Unidos determinó que el gobierno del expresidente Donald Trump violó los derechos de debido proceso de aproximadamente 200 ciudadanos venezolanos que fueron deportados a El Salvador y ordenó que se les otorgue la oportunidad de presentar su caso ante un tribunal.

El magistrado James Boasberg fijó como plazo hasta el 5 de enero para que el Ejecutivo estadounidense presente un plan que permita a los inmigrantes regresar a EEUU o defender su situación legal ante un juez. Además, certificó una demanda colectiva, lo que abre la puerta para que todos los migrantes enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en marzo pasado puedan impugnar su designación como “enemigos extranjeros” de Estados Unidos.

La deportación fue realizada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada históricamente en tiempos de guerra, y Trump acusó a los venezolanos de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional catalogada como organización terrorista, sin presentar evidencia ante los tribunales.

Boasberg señaló en su fallo que los migrantes “no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsión, en clara contravención de sus derechos al debido proceso”. La decisión representa un nuevo revés legal para la administración Trump.

La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, quienes argumentaron que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago. Boasberg destacó que no se puede permitir que la expulsión acelerada anule el derecho al hábeas corpus, advirtiendo que de ser así el Gobierno podría “secuestrar a cualquiera en la calle, entregarlo a un país extranjero y así impedir cualquier recurso legal”.

Tras meses de presión de familiares de los inmigrantes, los venezolanos fueron finalmente retornados a su país de origen en julio pasado, en un intercambio con el gobierno de Nicolás Maduro.

El juez Boasberg también investiga si funcionarios de la administración Trump desobedecieron una orden judicial previa que prohibía los vuelos de deportación hacia El Salvador. En noviembre pasado, el magistrado indicó que llamaría a declarar a funcionarios vinculados al Departamento de Justicia por supuestamente engañar al tribunal sobre estas operaciones.

En su fallo de más de 40 páginas, Boasberg acusó al Ejecutivo de actuar con “completo menosprecio” a las órdenes judiciales, recordando que la Constitución no tolera la desobediencia intencional de sus mandatos, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla.

El caso también involucra a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado junto a los venezolanos, quien fue regresado a EEUU por orden judicial, evidenciando la complejidad y las repercusiones legales de estas deportaciones masivas.